Un casamiento realizado en plena Quebrada de las Conchas, en Cafayate, desató un escándalo que ya derivó en una denuncia penal por presunta falsificación de documentos y posibles violaciones a la normativa ambiental.

La ceremonia, que reunió a más de cien invitados, se llevó a cabo en el paraje La Punilla, dentro de una reserva natural protegida por ley provincial. El evento incluyó ambientación completa, música en vivo, iluminación y una puesta en escena de alto nivel en uno de los paisajes más emblemáticos de Salta.

El conflicto se inició cuando imágenes y videos del festejo comenzaron a circular en redes sociales y llegaron a las autoridades locales, que pusieron en duda la legalidad del evento.

Denuncia por autorización falsa

Desde el gobierno salteño aseguraron que el permiso presentado para realizar la boda sería apócrifo. Según indicaron, el documento incluía una firma falsificada del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal.

El funcionario negó haber autorizado el evento y sostuvo que el supuesto permiso carecía de validez formal. “No tiene número de expediente ni resolución oficial”, afirmó, al tiempo que advirtió que la firma habría sido extraída y utilizada de manera irregular.

Ante esta situación, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, presentó una denuncia penal para que se investigue la posible falsificación de instrumento público.

Investigación en curso

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si existieron maniobras ilegales para habilitar el evento y si se incumplieron las normas de protección ambiental vigentes.

La Quebrada de las Conchas está protegida por la Ley Provincial 6806, que establece restricciones estrictas para actividades dentro del área, especialmente aquellas que impliquen intervención sobre el entorno natural.

Además de la causa penal, se evalúa la aplicación de sanciones económicas que podrían ser “ejemplificadoras”, según anticiparon desde el gobierno provincial.

Un evento que terminó en polémica

Lo que comenzó como un casamiento soñado en un entorno natural único terminó convertido en un caso judicial que pone en foco el control sobre áreas protegidas y el respeto por la normativa ambiental.

Las autoridades ahora buscan determinar responsabilidades en un episodio que generó fuerte repercusión pública y reabrió el debate sobre el uso de espacios naturales para eventos privados.