El ministro del Interior, Diego Santilli, salió este lunes a respaldar las designaciones aprobadas en la Auditoría General de la Nación (AGN) por la Cámara de Diputados y sostuvo que la decisión se encuentra dentro de las atribuciones constitucionales del Congreso. Al mismo tiempo, negó que el episodio implique una ruptura con el PRO.

“Está claro que es potestad del Congreso, eso no es algo que el Poder Ejecutivo tenga que enviar. De todos modos, se sustanciará en la Justicia”, afirmó Santilli en diálogo con Radio Rivadavia.

Las declaraciones se produjeron luego de que, en plena sesión por el Presupuesto 2026, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le tomara juramento a tres nuevos auditores generales: Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (Unión por la Patria) y Pamela Calletti.

Cruces dentro del PRO y judicialización del conflicto

El movimiento generó un fuerte malestar dentro del PRO. El jefe del bloque, Cristian Ritondo, cuestionó la decisión en el recinto y sostuvo que el tema no debía tratarse en sesiones extraordinarias.

“¿En qué lugar dice que en sesiones extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara para esto, porque no está citada por el Ejecutivo?”, planteó Ritondo, quien además presentó una demanda judicial para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025 que habilitó los nombramientos.

Pese a esas críticas, Santilli buscó bajarle el tono a la interna y llamó a preservar la cohesión política: “Tenemos que seguir trabajando todos juntos. Es lo que la sociedad nos pidió”, remarcó, descartando una fractura dentro del PRO.

Presupuesto, gobernabilidad y equilibrios políticos

En paralelo, el ministro expresó su confianza en que el Senado avance con la aprobación del Presupuesto 2026 y destacó el impacto del orden fiscal en la economía. “El Gobierno sostiene el equilibrio fiscal que nos llevó a bajar la inflación y a crecer. Tener Presupuesto es clave: hace tres años que la Argentina no lo tiene”, subrayó.

“El objetivo es contar con todo el paquete de medidas que el Presidente envió al Congreso. Dimos un paso enorme y eso se ve reflejado en los mercados”, concluyó.

Qué es la AGN y por qué importa la disputa

La Auditoría General de la Nación fue creada tras la reforma constitucional de 1994 como órgano técnico de control externo dependiente del Congreso. Su función central es auditar la gestión del Estado, evaluar el uso de fondos públicos y emitir informes sobre políticas públicas.

Contar con auditores propios implica incidir en la agenda de control: qué áreas se investigan, cuáles se priorizan y qué queda relegado. Para el PRO, perder una silla en la AGN significa reducir su influencia en uno de los pocos organismos con capacidad de control directo sobre el Poder Ejecutivo.

Según analistas políticos, el trasfondo del conflicto excede lo institucional. La Libertad Avanza no cuenta con mayorías propias y depende de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales. En ese esquema, el PRO dejó de ser el socio excluyente y pasó a ser un actor más dentro de una arquitectura de alianzas más amplia.

El nombramiento de Pamela Calletti, vinculada a Salta, es leído como un gesto hacia los gobernadores del norte y una señal de fortalecimiento territorial, aunque a costa de tensar equilibrios políticos previos.

La demanda presentada por Ritondo busca ahora que la Justicia defina si las designaciones fueron válidas o si el Congreso deberá revisar el procedimiento, en un conflicto que combina institucionalidad, poder y gobernabilidad.