La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece nuevas pautas de actuación para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El protocolo reemplaza al vigente desde 2018 y será de aplicación obligatoria en todos los aeropuertos del país.
El Gobierno nacional aprobó un nuevo protocolo para fortalecer la detección temprana de posibles casos de trata de personas en los aeropuertos argentinos. La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 468/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reemplaza la normativa que regía desde 2018.
La iniciativa establece nuevas pautas de actuación para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que será el organismo responsable de aplicar el procedimiento en todo el territorio nacional.
Nuevas herramientas para detectar posibles víctimas
Según la resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el objetivo del protocolo es fortalecer los mecanismos de prevención e intervención frente a uno de los delitos considerados más graves en materia de derechos humanos.
El documento sostiene que la trata de personas ha evolucionado en sus modalidades de operación y que el ámbito aeroportuario se convirtió en un punto estratégico para la movilidad de organizaciones criminales de carácter nacional e internacional.
Por ese motivo, la PSA contará con nuevas herramientas para identificar indicadores de riesgo, evaluar situaciones sospechosas y activar los procedimientos correspondientes cuando existan indicios compatibles con este delito.
La PSA será la autoridad responsable
La resolución designa a la Policía de Seguridad Aeroportuaria como autoridad encargada de implementar el protocolo y coordinar las actuaciones necesarias.
Además, el director nacional de la fuerza deberá designar oficiales especializados como referentes en la prevención e investigación de la trata de personas dentro del sistema aeroportuario.
El protocolo será de cumplimiento obligatorio para todo el personal de la PSA.
Un documento de carácter reservado
El Gobierno también determinó que el contenido completo del protocolo tendrá carácter reservado.
Según se explicó oficialmente, la decisión busca preservar la eficacia de las investigaciones y de las acciones operativas, además de proteger la seguridad pública y la integridad de las posibles víctimas.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la actualización de los procedimientos responde a la necesidad de adaptar las herramientas del Estado a las nuevas formas de funcionamiento de las redes dedicadas a la trata de personas.
