La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, encabezada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, emitió dictamen favorable al proyecto que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), estableciendo que deberán ser ratificados por el Congreso en un plazo máximo de 90 días o perderán validez.

El texto aprobado mantiene la redacción original de la iniciativa impulsada por la oposición, que busca limitar el uso discrecional de los DNU por parte del Poder Ejecutivo. Según la propuesta, ambos cuerpos legislativos deberán pronunciarse expresamente sobre cada decreto dentro del plazo fijado; de no hacerlo, el mismo quedará sin efecto.

La medida fue interpretada como un gesto de autonomía del Parlamento frente a la Casa Rosada, en un contexto de alta tensión política y sindical dentro del Congreso. El proyecto podría llegar al recinto antes del 30 de noviembre, previo al cierre del período parlamentario y al recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando se incorporarán nuevos senadores, entre ellos la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que asumirá como referente del bloque libertario.

Desde el Gobierno adelantaron que el presidente Javier Milei vetará la norma en caso de ser aprobada, al considerar que los DNU son una herramienta esencial para la gestión. De todos modos, el oficialismo cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para sostener un eventual veto, ya que junto a sus aliados supera el tercio necesario en ambas cámaras.

Tensión sindical en la Cámara Alta

En paralelo al debate legislativo, el Senado enfrenta un conflicto gremial entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la Asociación del Personal Legislativo (APL), conducida por Norberto Di Próspero.

El sindicato denunció “persecución política e ideológica” hacia empleados de la Cámara Alta, luego de que Recursos Humanos intentara desplazar a la directora de Personal, Mónica Nieto. Durante una movilización en el Congreso, Di Próspero advirtió que, de persistir las presiones, podrían “tomar el recinto” en señal de protesta.

Villarruel dispuso una reestructuración administrativa el pasado 30 de octubre, que incluye la recategorización de agentes y un posible premio al presentismo, aunque persisten las dudas sobre si las medidas alcanzarán para calmar el malestar interno.