El Gobierno nacional firmó en Washington un acuerdo de cooperación aduanera con Estados Unidos que modifica el esquema de intercambio de información y apunta a modernizar los procesos de control fronterizo. Si bien desde la Casa Rosada y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) destacan los beneficios en términos de digitalización y eficiencia, el convenio encendió una señal de alerta en el sector agroexportador por su posible impacto sobre la política de retenciones.
Según informó ARCA, el acuerdo fue suscripto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y tiene como objetivo “profundizar la modernización, digitalización y automatización de los procesos aduaneros”. Participaron de la firma el titular del organismo argentino, Juan Pazo; el director general de Aduanas, Andrés Veliz; y el subcomisionado ejecutivo adjunto del CBP, Donald R. Stakes.
El convenio establece un mecanismo de intercambio de información más ágil y detallado, que permitirá fortalecer la coordinación bilateral, mejorar la detección temprana de amenazas y combatir delitos transnacionales. A su vez, se alinea con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas y apunta a reducir tiempos logísticos, incrementar la competitividad del sector privado y avanzar hacia una Aduana 100% digital, sin trámites presenciales ni uso de documentación en papel.
En paralelo al anuncio oficial, comenzaron a circular inquietudes dentro del complejo agroexportador, especialmente por el posible intercambio de datos vinculados al mercado de la soja. Desde el sector reconocieron que el tema fue anticipado por el Gobierno y que el comercio “sigue siendo entre empresas y sujeto a la oferta y demanda”, pero admiten preocupación por las implicancias que podría tener en futuras decisiones fiscales.
El acuerdo también se enmarca en un pacto más amplio entre ambos países, que incluye cooperación en inversiones y comercio de minerales críticos, además del compromiso de trabajar en la estabilización del mercado global de la soja. Esto reavivó el debate sobre el esquema de retenciones en Argentina.
Cabe recordar que en septiembre el Gobierno había establecido retenciones cero para los principales cultivos, con un cupo de USD 7.000 millones. Aquella medida duró menos de tres días y coincidió con negociaciones por un swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos, generando malestar en sectores agrícolas norteamericanos, preocupados por una eventual pérdida de competitividad frente a China.
“Estados Unidos no quiere que Argentina implemente beneficios que puedan desplazar a la soja americana del mercado chino”, reconoció una fuente del sector agroexportador. Aunque desde Cancillería, el ministro Pablo Quirno intentó llevar tranquilidad al afirmar que “Argentina mantiene su soberanía impositiva y sus decisiones sobre el marco regulatorio”.
La cooperación entre ambos países en materia aduanera no es nueva: se remonta a los años noventa, cuando Estados Unidos creó su Unidad de Transparencia Comercial para rastrear operaciones sospechosas y prevenir el lavado de dinero a través del comercio internacional. Sin embargo, desde ámbitos cercanos a ARCA advirtieron que, en el contexto de este nuevo acuerdo, Washington podría solicitar notificación anticipada ante cualquier modificación en las retenciones, como la que se intentó aplicar en septiembre.
Mientras el Gobierno insiste en que se trata de un paso técnico para agilizar procesos y reforzar controles, el sector agropecuario observa con cautela el avance de un convenio que podría influir indirectamente en decisiones clave para su competitividad y rentabilidad.
