Organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad expresaron un duro rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Argentina para reformar el sistema de pensiones por invalidez y anunciaron una convocatoria a movilizarse en señal de protesta.

La iniciativa, denominada “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, fue enviada al Congreso en medio de cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que buscaba garantizar prestaciones médicas y terapéuticas para el sector.

Críticas por el enfoque del proyecto

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtieron que la propuesta “instala una mirada estigmatizante” y desvía el foco de los problemas estructurales del sistema.

Según señalaron, la crisis actual está marcada por demoras en los pagos, aranceles desactualizados y dificultades para sostener las prestaciones, cuestiones que —afirman— no son abordadas por la nueva normativa.

Cambios que generan polémica

Entre los puntos más cuestionados del proyecto se destacan:

  • Reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios
  • Cruce de datos con organismos como ANSES y otros registros estatales
  • Suspensión preventiva de pensiones ante inconsistencias
  • Baja automática del beneficio si no se cumple con los requisitos

Además, se mantiene el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo, pero se eliminan adicionales y mecanismos de actualización.

Impacto en el empleo

Uno de los aspectos más controvertidos es la incompatibilidad total con el trabajo formal. De aprobarse, una persona con discapacidad que consiga empleo registrado perdería automáticamente la pensión.

También se eliminarían incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad, lo que podría afectar las políticas de inclusión laboral.

Convocatoria a la marcha

Frente a este escenario, organizaciones y colectivos del sector convocaron a una movilización para visibilizar el reclamo y exigir cambios en el proyecto.

Advierten que, de avanzar la iniciativa, miles de personas podrían quedar fuera del sistema de asistencia, en un contexto económico y social ya complejo.