La Justicia civil de Tandil ordenó a una entidad financiera devolver la totalidad del dinero robado a un cliente que sufrió una estafa virtual mediante una maniobra de phishing. Además, el banco deberá pagar una indemnización por daño moral y un resarcimiento punitivo millonario. 

El fallo consideró que la institución incumplió con su deber de seguridad al no detectar operaciones sospechosas ni activar alertas frente a movimientos inusuales realizados desde una dirección IP remota. 

Cómo ocurrió la estafa

El caso se remonta al 14 de marzo de 2023, cuando la víctima intentó realizar una compra con tarjeta de débito pero descubrió que el plástico estaba vencido. Tras ingresar a la aplicación del banco, el hombre recibió un mensaje por WhatsApp que aparentaba provenir de la empresa emisora de la tarjeta. 

Luego de buscar un supuesto número de atención al cliente en internet, se comunicó con delincuentes que simulaban pertenecer a la operadora. Durante la llamada, le solicitaron datos personales, claves bancarias y códigos token con la excusa de resolver el inconveniente. 

Con esa información, los estafadores accedieron a la cuenta bancaria y realizaron cinco transferencias por un total de 574 mil pesos. 

Minutos después, el usuario detectó el vaciamiento de sus cuentas al ingresar nuevamente a la aplicación y denunció inmediatamente la situación ante el banco, que procedió al bloqueo de la cuenta. 

Qué resolvió la Justicia

La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de Tandil. Aunque la entidad financiera argumentó que el cliente actuó con negligencia al compartir sus datos, el tribunal concluyó que existió una falla objetiva en los sistemas de prevención y control. 

Una perito informática determinó que las transferencias fueron autenticadas con doble factor de seguridad, pero remarcó que el banco no generó bloqueos automáticos ni alertas pese a tratarse de operaciones atípicas y destinatarios no habituales. 

El juez sostuvo que las entidades financieras deben implementar medidas técnicas más sofisticadas frente al crecimiento de fraudes digitales, incluyendo validaciones biométricas y controles contextuales para proteger los fondos de sus clientes. 

La millonaria indemnización

El fallo ordenó la restitución total del dinero sustraído y fijó además una indemnización por daño moral y daño punitivo. En total, la entidad deberá pagar más de $4 millones actualizados con intereses. 

El tribunal destacó que la víctima sufrió angustia, pérdida de confianza y problemas personales derivados de la estafa, especialmente porque el dinero tenía destino para gastos de salud y planificación familiar. 

El daño punitivo fue establecido en dos millones de pesos, con el objetivo de sancionar la falta de medidas de seguridad adecuadas y promover mejores estándares de protección para los usuarios bancarios.