Una auditoría interna del Ministerio de Salud detectó presuntas irregularidades graves en contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025. El informe reveló sobreprecios de hasta el 4239% en la compra de insumos médicos y ortopédicos, y derivó en una investigación judicial que ya involucra a exfuncionarios, empresarios y proveedores.
Según la documentación analizada, existiría un supuesto esquema de direccionamiento de licitaciones para beneficiar a determinadas empresas vinculadas entre sí. La causa está en manos del fiscal Franco Picardi, quien investiga posibles maniobras de corrupción dentro del organismo.
La auditoría comparó valores abonados por el Estado con precios de referencia del mercado y encontró diferencias consideradas “técnicamente injustificables”. Entre los casos más llamativos figuran compras de sillas de ruedas, prótesis y andadores con aumentos que, en algunos expedientes, superaban ampliamente los precios habituales.
Uno de los ejemplos señalados fue la adquisición de un sistema de válvulas cardíacas por $425 millones realizada el 8 de julio de 2025. De acuerdo con el informe, meses antes el PAMI había comprado el mismo producto por aproximadamente $124 millones.
El expediente judicial también pone el foco sobre Farma Salud, una de las firmas más beneficiadas por las contrataciones investigadas. Según la causa, la empresa habría recibido alrededor de $7.900 millones mediante distintos contratos estatales. Entre los imputados aparece el contador Osmar Mariano Caballi, exfuncionario de la ANDIS durante la gestión anterior y principal socio de la compañía.
La fiscalía además analiza posibles irregularidades en el sistema digital de licitaciones Siipfis. En el dictamen judicial se menciona la existencia de maniobras presuntamente coordinadas para favorecer proveedores específicos. Incluso, los investigadores detectaron un grupo de WhatsApp denominado “grupo museo”, donde supuestamente se definían las empresas que participarían en las licitaciones.
Entre las firmas bajo sospecha aparecen Artrobone, Bymax Medical e Imnova. Según los investigadores, algunas compañías habrían facturado sillas de ruedas por valores cercanos a los $19 millones cuando el precio de referencia rondaba apenas $1,2 millones.
El juez federal Ariel Lijo ordenó realizar peritajes sobre audios incorporados al expediente para determinar su autenticidad. En esas grabaciones se haría referencia al funcionamiento de un presunto sistema de coimas y reparto de contratos.
Mientras avanzan las indagatorias y medidas de prueba, la causa amenaza con transformarse en uno de los mayores escándalos vinculados al sistema de discapacidad y las contrataciones públicas de los últimos años.
