El escándalo que involucra al diputado José Luis Espert sumó este jueves un nuevo capítulo judicial. Por orden del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron allanamientos simultáneos en su domicilio de Beccar y en su despacho del Congreso, en el marco de la causa que investiga presunto lavado de dinero vinculado al empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y con pedido de extradición a Estados Unidos.
La medida judicial se da apenas 48 horas después de que Espert pidiera licencia en la Cámara de Diputados y renunciara a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza, tras la denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois.
“Se investiga el origen y destino de los aportes que Machado habría realizado a Espert bajo la figura de contratos de asesoramiento económico”, explicaron fuentes judiciales a ABC1 Noticias.
Un contrato bajo la lupa
El allanamiento fue ordenado luego de que los investigadores encontraran un contrato por un millón de dólares firmado entre Espert y Machado, fechado en 2019.
El documento, hallado en la vivienda del empresario en Viedma, detalla pagos fraccionados de USD 100.000 mensualespor presuntos servicios profesionales del economista.
El texto del acuerdo —que fue reconstruido tras encontrarse roto y manchado— establece:
“El precio total que ‘EL COMITENTE’ se obliga a pagar ‘AL PRESTADOR’ asciende a un millón de dólares estadounidenses, en cuotas mensuales de cien mil”.
Según la denuncia, esos fondos podrían provenir de una organización criminal investigada en Texas por tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
La defensa de Espert
El diputado libertario, que recibió a los agentes judiciales en su casa junto a sus abogados, asegura que el dinero fue un anticipo por asesoramiento económico a una empresa llamada Minas del Pueblo de Guatemala, vinculada a Machado.
“Fue un contrato profesional, no político. No hice el trabajo porque llegó la pandemia”, sostuvo Espert en un video publicado en redes sociales.
El legislador argumentó además que los fondos no provinieron directamente del empresario, sino de la compañía mencionada, y que “no existe delito alguno”.
El avance del expediente
La investigación, a cargo del juez Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, busca determinar si el contrato y la transferencia de USD 200.000 detectada por el Bank of America constituyen parte de una maniobra de lavado de dinero.
En paralelo, la Justicia analiza registros contables utilizados en el juicio de Estados Unidos contra la empresaria Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, que ya fue condenada por tráfico internacional de drogas.
Mientras tanto, el despacho del diputado en el Congreso fue fajado y asegurado por personal judicial, a la espera del secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.
