La Justicia bonaerense prohibió que se realicen nuevos traslados de carpinchos en Nordelta y revocó la autorización que había habilitado una prueba piloto para desplazar ejemplares de la zona. El tribunal consideró que la medida fue “prematura e irrazonable” y recordó que se trata de fauna silvestre protegida.

La decisión fue adoptada por la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, que hizo lugar a una apelación presentada por la asociación ambiental Callejero Casa Quiere. De este modo, dejó sin efecto la resolución de primera instancia que había autorizado la llamada “traslocación” de carpinchos como medida experimental.

En el fallo, firmado por los jueces Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici, el tribunal dispuso que no se autoricen nuevos traslados hasta contar con informes técnicos concluyentes, incluyendo los resultados del operativo ya realizado y el avance del Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo que se encuentra en curso.

Los magistrados señalaron que el traslado de fauna silvestre es una medida excepcional y remarcaron que los carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) cuentan con estatus de fauna silvestre protegida en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, advirtieron que cualquier intervención debe estar debidamente respaldada por estudios técnicos y ambientales.

Además, la Cámara cuestionó que la autorización inicial se haya ejecutado mientras el recurso de apelación aún estaba pendiente. Según el fallo, avanzar con una medida “innovativa e irreversible” sin una decisión firme puede vulnerar el derecho a la revisión judicial y generar daños de difícil reparación.

El tribunal también puso en duda la eficacia de la prueba piloto para resolver los problemas de seguridad vial que se habían invocado como fundamento del traslado. A criterio de los jueces, la medida carecía de sustento técnico suficiente y fue dispuesta antes de concluir el estudio ambiental integral ordenado en la causa.

“La autorización otorgada fue prematura y alteró el orden lógico de la gestión ambiental: primero debe realizarse el diagnóstico y, solo en última instancia, evaluar la remoción de los animales de su hábitat”, concluyó la resolución.

La causa se inscribe en una acción de recomposición ambiental vinculada al desarrollo urbano en Nordelta y al manejo de la fauna silvestre en la zona, un conflicto que desde hace años genera debate entre vecinos, autoridades y organizaciones ambientalistas.