El Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario con el objetivo de modificar la normativa vigente y alinearla con la meta de “déficit fiscal cero”. La iniciativa busca reemplazar puntos centrales de la Ley 27.795, que había sido aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial.

El texto ingresó formalmente al Parlamento y el oficialismo aspira a que sea debatido y aprobado durante las primeras semanas del período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo con la apertura a cargo del presidente Javier Milei.

Cambios en la actualización presupuestaria

Uno de los ejes centrales del proyecto se encuentra en la modificación del artículo 3°, que redefine el mecanismo de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

La propuesta establece que los créditos destinados a las actividades de Funcionamiento, Hospitales Universitarios y Ciencia y Técnica se ajusten según la inflación media anual. En caso de que la inflación efectiva supere el 14,3% —porcentaje utilizado como referencia para la elaboración del Presupuesto 2026—, los fondos deberán actualizarse para preservar el incremento real.

Desde el oficialismo sostienen que la medida busca garantizar previsibilidad presupuestaria sin abandonar el objetivo de equilibrio fiscal.

Refuerzo para hospitales universitarios

El proyecto también contempla un refuerzo específico para el sistema de salud universitario. En el artículo 4° se propone incrementar en $80.072.460.000 el crédito correspondiente a la actividad presupuestaria de Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios.

El objetivo declarado es asegurar el funcionamiento del sistema sanitario dependiente de las universidades nacionales, que cumple un rol clave tanto en la formación profesional como en la atención médica.

Recomposición salarial y paritarias

En materia salarial, la iniciativa establece una recomposición correspondiente a 2025 que se abonará en 2026 para docentes y no docentes universitarios. El esquema prevé tres incrementos del 4,1% cada uno —a aplicarse en marzo, julio y septiembre— calculados sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. En total, el aumento acumulado alcanzaría el 12,3%.

Además, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias dentro del mes siguiente a la sanción de la ley y fija una periodicidad no mayor a tres meses para las negociaciones salariales, incluyendo tanto al personal docente como no docente.

Debate en el Congreso

La iniciativa fue elaborada por el equipo técnico del Ejecutivo y ahora deberá atravesar el debate parlamentario. El oficialismo apuesta a que el tratamiento se concrete durante marzo, en un contexto político marcado por la discusión de reformas estructurales y la continuidad del programa de ajuste fiscal.

El nuevo esquema de financiamiento universitario se perfila así como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del inicio del año parlamentario.