El Gobierno nacional quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que otorgó aumentos salariales de hasta el 123% a ministros y altos funcionarios, en paralelo a las restricciones impuestas en las negociaciones paritarias de los trabajadores.

Según los datos difundidos, el incremento fue aplicado de manera escalonada y con carácter retroactivo a enero de 2026. En el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su salario pasó de aproximadamente $3,5 millones en diciembre a más de $7 millones en enero, con proyección a superar los $8 millones en mayo.

El argumento oficial

Desde la Casa Rosada justificaron la medida en el decreto 931/2025, que establece la actualización de los salarios de funcionarios en base a la sumatoria acumulativa de los aumentos otorgados a empleados estatales en los últimos períodos.

De esta forma, los incrementos no se aplicaron como una suba única, sino como una acumulación de ajustes previos, lo que derivó en un fuerte salto en los ingresos de ministros, secretarios y subsecretarios.

Diferencias con las paritarias

El dato generó cuestionamientos porque, en paralelo, la Secretaría de Trabajo mantiene una postura restrictiva en la homologación de acuerdos salariales que superen determinados límites, lo que impacta en la capacidad de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

Actualmente, según estimaciones gremiales, el salario promedio de los empleados estatales ronda los $1,2 millones, con pisos cercanos a los $600.000, muy por debajo de los ingresos de los funcionarios.

Escala de salarios

Además de los ministros, los secretarios y subsecretarios también registraron aumentos significativos:

  • Secretarios: superarán los $7,3 millones en mayo
  • Subsecretarios: alcanzarán más de $6,6 millones

Estas subas se dan en un contexto económico donde el Gobierno sostiene un programa basado en el ajuste del gasto público, control de la emisión y estabilidad cambiaria.

La decisión abrió un nuevo foco de debate sobre la política salarial oficial y la diferencia entre los ingresos del sector público jerárquico y el resto de los trabajadores.