El Gobierno nacional avanzó con una nueva reorganización del Ministerio de Salud y redefinió el funcionamiento del área de Discapacidad mediante el Decreto 193/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones, establece cambios en la estructura administrativa, con eliminación de áreas, reasignación de funciones y un esquema más centralizado en la gestión de políticas públicas vinculadas a discapacidad.
Uno de los ejes principales del decreto es la concentración del diseño y la ejecución de estas políticas en un mismo ámbito, que incluye el otorgamiento, revisión y control de pensiones por invalidez, así como otros beneficios contemplados por ley.
El nuevo organigrama redefine la estructura interna del ministerio y reorganiza direcciones nacionales, generales y coordinaciones relacionadas con recursos, tecnología, asuntos jurídicos y relaciones institucionales.
Además, se crean nuevas áreas específicas orientadas a la discapacidad, como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios. También se incorpora un Observatorio de Discapacidad, que tendrá la tarea de analizar datos sobre el acceso a derechos y prestaciones.
En paralelo, se eliminan distintas dependencias, entre ellas la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y varias coordinaciones vinculadas a la ex Agencia Nacional de Discapacidad, incluyendo áreas de monitoreo operativo, comunicación y auditoría.
El decreto también reorganiza la gestión de las pensiones no contributivas, con el objetivo de estandarizar procedimientos, mejorar los controles y fortalecer la articulación entre organismos del Estado.
Desde el Gobierno señalan que los cambios buscan optimizar recursos y hacer más eficiente la administración. Sin embargo, la medida se enmarca en un proceso más amplio de ajuste y reducción de estructuras estatales, lo que podría generar debate sobre su impacto en el acceso a políticas públicas sensibles.
