El Gobierno nacional dio a conocer en detalle el proyecto de Reforma Laboral que Javier Milei envió este jueves al Senado, donde comenzará a ser tratado desde la próxima semana en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Con Patricia Bullrich al frente de la estrategia legislativa y un calendario ajustado, el oficialismo busca obtener la media sanción antes de fin de año y avanzar hacia la aprobación definitiva en enero, si se extienden las sesiones extraordinarias.

El texto, que sufrió modificaciones en los últimos días y demoró su envío al Congreso, forma parte del paquete central de reformas que el Ejecutivo considera indispensables para impulsar el empleo registrado y reducir la informalidad, que afecta a casi la mitad de la fuerza laboral. Según los fundamentos del proyecto, la “modernización laboral” apunta a generar condiciones que faciliten la contratación, mejoren la competitividad y otorguen mayor previsibilidad a trabajadores y empleadores.

Entre los ejes centrales se destacan cambios en vacaciones, indemnizaciones, fondos de cese laboral, ultraactividad de convenios, salarios, bancos de horas y regímenes especiales como casas particulares, trabajo agrario y plataformas digitales. El Gobierno también incorpora criterios judiciales, límites a honorarios, trazabilidad digital y nuevas reglas para la representación sindical.

En materia de vacaciones, la iniciativa flexibiliza plazos y habilita fraccionamientos en períodos no menores a siete días, garantizando un descanso estival al menos cada tres años. En cuanto a despidos, se establece un esquema de indemnización equivalente a un mes de salario por año trabajado y se habilita la creación de fondos de cese para financiar esas compensaciones. Además, el proyecto afirma que la indemnización excluye reclamos civiles paralelos.

Uno de los capítulos centrales es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), alimentado por aportes empresarios del 3% del salario. El objetivo es crear un mecanismo estable para cubrir indemnizaciones, sin generar derechos adicionales para los trabajadores. También se redefine la naturaleza de los conceptos remunerativos y no remunerativos, y se introducen componentes salariales dinámicos que no generan ultraactividad ni se incorporan al cálculo indemnizatorio.

El texto limita la aplicación extensiva de convenios colectivos, refuerza la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por fondos de cese sectoriales y habilita el uso del banco de horas, siempre bajo acuerdo escrito y con descansos mínimos garantizados. En el plano judicial, actualiza créditos laborales por IPC más un 3% anual y reduce los topes de honorarios para evitar litigiosidad.

Respecto al rol sindical, se restringe la tutela para trabajadores eventuales, se exige consentimiento expreso para descuentos gremiales y se obliga a que toda conciliación o acuerdo liberatorio tenga respaldo administrativo o judicial.

Los regímenes especiales también presentan modificaciones relevantes. En casas particulares, el período de prueba se extiende a seis meses y se digitalizan recibos y comprobantes. Para el trabajo agrario, surge un contrato permanente con prueba de ocho meses y negociación colectiva obligatoria. En plataformas digitales, se crea un registro obligatorio en ARCA, aportes específicos y cobertura social para repartidores y mensajeros.

Con el proyecto ya en el Senado, Bullrich espera asumir la presidencia de la comisión encargada del análisis para acelerar un dictamen en los próximos días. En paralelo, Manuel Adorni y Diego Santilli continúan negociaciones con gobernadores y bloques aliados para garantizar los votos necesarios tanto en la Cámara Alta como en Diputados.

Para la Casa Rosada, la Reforma Laboral es uno de los instrumentos clave del programa económico. El Gobierno sostiene que su aprobación permitiría modernizar las relaciones laborales, reducir la litigiosidad y facilitar la creación de empleo formal en un contexto de transformación productiva.