La investigación por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, continúa sacudiendo a Córdoba y al país, al revelar una cadena de fallas judiciales, periciales y administrativas que permitieron que el agresor, Pablo Laurta, actuara pese a las reiteradas alertas previas.

Según trascendió, un año antes del crimen, Laurta había sido sometido a una pericia psiquiátrica que lo calificó como una persona “no peligrosa” y sin rasgos psicopatológicos graves. Esa evaluación fue decisiva para que recuperara la libertad tras una denuncia de Luna Giardina por violencia de género.

La pericia que falló

El informe elaborado en 2023 concluyó que Laurta “comprendía la criminalidad de sus actos y no revestía peligrosidad ni factores psiquiátricos de gravedad”. Con esa valoración, el acusado fue considerado imputable, pero no riesgoso, lo que llevó a las autoridades a descartar medidas más restrictivas.

Cuando fue detenido nuevamente en enero de 2024 por violar la orden de restricción, la Justicia se basó en aquella pericia para no agravar su situación. Un mes después, fue liberado. Poco más de un año más tarde, el 12 de octubre de 2025, mató a Luna y a Mariel a quemarropa en su casa de Villa Rivera Indarte.

Falencias y omisiones

La causa ahora expone una cadena de errores del sistema judicial. La jueza de Violencia Familiar Victoria Jalil había ordenado la colocación de una tobillera electrónica, pero la medida nunca se cumplió porque Laurta viajó a Uruguay. Además, Migraciones y las fuerzas de seguridad fueron alertadas, aunque no pudieron impedir su regreso al país por vías no oficiales.

En paralelo, Luna contaba con un botón antipánico, cuya batería marcó una falla el día previo al ataque. Esa alerta no generó una respuesta inmediata de las autoridades.

El secretario de la Fiscalía IV Turno 6, Iván Vocos, confirmó que Laurta estuvo detenido en 2024 “por desobediencia a la autoridad”, pero que luego recuperó la libertad “bajo medidas de control que nunca se implementaron de manera efectiva”.

Un diagnóstico que abre debate

Especialistas en violencia de género señalaron que este caso refleja un problema estructural: la evaluación de la “peligrosidad” en contextos de violencia de género no puede basarse únicamente en criterios psiquiátricos. La ausencia de patologías no implica ausencia de riesgo.

“Muchos femicidas no presentan trastornos mentales, pero sí patrones de control, manipulación y desobediencia que deberían ser señales suficientes”, advirtió una experta del Observatorio de Violencia de Género.

El caso ya generó repercusiones en el ámbito judicial: se analiza una reforma en los protocolos de evaluación y control, para incorporar indicadores de riesgo específicos en casos de violencia doméstica.

Justicia y reclamo social

Mientras Laurta permanece detenido e imputado por doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, familiares, amigas y colectivos feministas reclaman justicia.

“Luna hizo todo bien: denunció, pidió ayuda, confió en la Justicia. Y la Justicia le falló”, expresó una amiga durante una de las manifestaciones realizadas en Córdoba.

El crimen de Luna y Mariel se suma a una lista de femicidios donde las víctimas habían denunciado a sus agresores sin obtener protección efectiva. La sociedad vuelve a exigir respuestas concretas, mejores controles y una política integral que impida que la desprotección institucional siga cobrando vidas.