El Gobierno nacional definió que el Salario Mínimo Vital y Móvil para 2026 se establecerá por decreto luego de que el Consejo del Salario finalizara sin acuerdo entre las partes. La decisión se tomó en medio de una fuerte tensión entre los sindicatos, que reclamaban incrementos muy superiores, y el sector empresarial, que propuso una actualización moderada en línea con la actual política económica.
Durante la reunión, la CGT y la CTA plantearon que el salario mínimo debería ubicarse en torno a los 553.000 pesos a partir de abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma elevó su pedido a 736.000 pesos, argumentando que ese valor permitiría superar la línea de indigencia para una familia tipo. Del otro lado, los representantes empresariales ofrecieron fijar el salario en 326.000 pesos para diciembre de 2025 y llevarlo a 349.000 en abril del año próximo.
La falta de entendimiento entre las partes llevó al Ejecutivo a recurrir nuevamente a la vía del decreto, una práctica que ya aplicó en oportunidades anteriores al no lograrse acuerdos en el ámbito de negociación tripartita. Desde la CTA Autónoma, su secretario general Hugo “Cachorro” Godoy cuestionó duramente la medida y acusó al Gobierno de alinearse con los sectores empresarios, impidiendo una verdadera recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
Mientras tanto, agrupaciones sindicales y movimientos sociales se manifestaron frente a la Secretaría de Trabajo, exigiendo que el salario básico se equipare, al menos, con el valor de la Canasta Básica Total, que según el INDEC superó el millón doscientos mil pesos en octubre para una familia tipo. Además, reclamaron un bono de fin de año, la actualización de los planes sociales y el reconocimiento del trabajo comunitario.
Con este nuevo decreto, el Gobierno busca cerrar el capítulo del debate salarial, aunque todo indica que la decisión reavivará la polémica en los próximos días y podría generar nuevas medidas de protesta por parte de los gremios.
