Un joven de 21 años fue abatido por agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos tras ingresar armado al perímetro de Mar-a-Lago, el complejo del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo. Al momento del incidente, Trump y la primera dama no se encontraban en el lugar.

Cómo fue el ingreso y la intervención

Según informó la policía del condado de Palm Beach, el atacante habría aprovechado la salida de un vehículo para vulnerar el perímetro de seguridad e ingresar al predio.

Fue interceptado cerca de la puerta norte por dos agentes del Servicio Secreto y un efectivo local. De acuerdo con el jefe policial Ric Bradshaw, los oficiales le ordenaron que soltara los objetos que llevaba.

El joven dejó un bidón de combustible en el suelo, pero levantó una escopeta en posición de disparo. Ante la amenaza inmediata, los tres agentes abrieron fuego y lo neutralizaron en el acto.

Tras el operativo, las autoridades hallaron la caja del arma dentro del vehículo del atacante.

Quién era el atacante

El joven fue identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años, oriundo de Cameron, Carolina del Norte. Su familia lo había reportado como desaparecido días atrás.

Según trascendió, habría adquirido el arma durante su viaje hacia Florida. El FBI trabaja en el análisis del perfil psicológico y en la reconstrucción de sus movimientos previos al ataque.

Familiares manifestaron sorpresa por el hecho y aseguraron que el joven no tenía antecedentes violentos. Las autoridades investigan si actuó solo y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a irrumpir en la propiedad presidencial.

Repercusiones políticas y seguridad presidencial

El episodio volvió a poner en foco la seguridad del mandatario, quien ya había sido blanco de intentos de atentado durante la campaña de 2024.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt destacó la rápida intervención del Servicio Secreto y vinculó el contexto del hecho con el cierre parcial del gobierno que afecta al Departamento de Seguridad Nacional.

La investigación continúa bajo jurisdicción federal, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en torno a la residencia presidencial.