Un informe de la organización ACIJ revela que el gasto en educación superior alcanzó su punto más bajo en dos décadas, mientras los salarios del sector acumulan una caída del 25% desde diciembre de 2023.
A pocas horas de una nueva marcha federal universitaria, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un informe que pone números concretos al deterioro del sistema universitario público durante la gestión de Javier Milei.
Según el documento, entre 2023 y 2025 la ejecución real del presupuesto destinado a la educación superior se redujo casi un 30%, llevando el gasto a su nivel más bajo desde 2006. Y lejos de revertirse, el presupuesto aprobado para 2026 profundiza esa tendencia.
El peso del ajuste en el sistema educativo
El recorte en universidades no es menor dentro del ajuste general: según la ACIJ, explica el 4,4% de la reducción total del gasto público, el 8,4% del recorte en servicios sociales y nada menos que el 39% de todo lo que se recortó en educación y cultura a nivel nacional.
Como la mayor parte del presupuesto universitario se destina a salarios, el impacto fue directo sobre los bolsillos de docentes y no docentes. En marzo de 2026, un profesor asistente con dedicación semiexclusiva cobraba un 25% menos en términos reales que tres años atrás. Además, el salario promedio del sector representa menos de dos tercios de lo que era entre 2011 y noviembre de 2023.
Menos plata por cada estudiante
El problema se agrava si se tiene en cuenta que la cantidad de estudiantes universitarios siguió creciendo. Al calcular el financiamiento por alumno, el número cayó a 2,4 millones de pesos, el valor más bajo registrado al menos desde 2004.
La discusión sobre la Ley de Financiamiento
El informe también analiza el argumento oficial de que «no hay plata» para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue ordenada además por la Justicia. Las estimaciones del costo de su implementación oscilan entre 2,5 y 3,6 billones de pesos.
La ACIJ señala que cuando están en juego derechos fundamentales como la educación, el Estado tiene dificultades para invocar la restricción presupuestaria si esa escasez fue generada, en parte, por sus propias decisiones. En ese sentido, el informe menciona la modificación del impuesto a los Bienes Personales aprobada en 2024, que implicó una caída en la recaudación equivalente a unos 5 billones de pesos en dos años.
La organización concluye que el debate sobre el financiamiento universitario involucra tres dimensiones inseparables: la garantía de derechos constitucionales, la legitimidad de las decisiones del Congreso — que avaló la ley en dos ocasiones — y la coherencia del Estado a la hora de argumentar escasez de recursos.
