La situación judicial de Agostina Páez, la argentina de 29 años acusada de cometer actos racistas en un restaurante de Río de Janeiro, se agravó en las últimas horas luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara formalmente su prisión preventiva. Para la fiscalía, las medidas cautelares vigentes resultan insuficientes para garantizar el normal desarrollo del proceso.

La joven permanece retenida en Brasil desde hace casi un mes, luego de ser denunciada por insultos y gestos discriminatorios contra empleados de un local gastronómico. Actualmente se encuentra alojada en un departamento, bajo régimen de aislamiento y con una tobillera electrónica, tras habérsele prohibido salir del país.

Según la acusación, el hecho ocurrió cuando Páez compartía una comida con dos amigas y mantuvo una discusión con el personal por el valor de la cuenta. En ese contexto, habría llamado “negro” a un mozo con la intención de menospreciarlo por su color de piel. La denuncia también sostiene que luego insultó a la cajera del restaurante, a quien habría llamado “mono” y dirigido gestos ofensivos, incluso después de haber sido advertida de que su conducta constituía un delito en Brasil.

En el pedido de prisión preventiva, el fiscal señaló que, pese a la vigilancia electrónica y otras restricciones impuestas, persiste un “peligro procesal”. En ese sentido, remarcó que la imputada continuó con actitudes discriminatorias aun tras las advertencias de funcionarios, lo que evidenciaría “desprecio por las normas jurídicas y sociales” y una baja adhesión a las medidas judiciales.

Páez está imputada por el delito de “injuria racial”, una figura penal severamente castigada por la legislación brasileña. Si bien puede circular por la ciudad, tiene prohibido acercarse a zonas fronterizas y estuvo inicialmente con su documentación retenida, situación que luego fue revertida.

Desde la defensa, su abogado Sebastián Robles afirmó que la joven atraviesa una situación económica compleja, ya que debe afrontar los costos de su estadía en Brasil. Además, confirmó la presentación de un habeas corpus para solicitar que se le permita regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde su país de origen.

Mientras la Justicia brasileña analiza el pedido de prisión preventiva, el caso continúa generando repercusión por la dureza de las medidas solicitadas y por el fuerte mensaje institucional contra los delitos de racismo en el país vecino.