El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo aumento en las jubilaciones y pensiones, que regirá a partir de febrero de 2026. La suba será del 2,85%, en línea con la inflación de diciembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y quedó establecida mediante la Resolución 21/2026 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Omar Bearzi.
Con este ajuste, el haber mínimo del sistema previsional pasará en febrero a $359.254,35. Sin embargo, el monto continúa por debajo de la línea de pobreza: la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, que marca ese umbral, alcanzó en diciembre los $423.532 para un adulto. De esta manera, la jubilación mínima cubrirá apenas el 84% de esa canasta, y quedará aún más rezagada frente al valor actualizado de febrero, que el organismo estadístico difundirá recién en marzo.
El incremento se aplica siguiendo el esquema vigente de actualización por inflación, aunque con un rezago de dos meses. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los haberes previsionales se ajustan por el Índice de Precios al Consumidor, sin componentes adicionales que compensen la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
A la par de los datos oficiales del INDEC, la Defensoría de la Tercera Edad elabora una Canasta Básica del Jubilado, que contempla gastos específicos de las personas mayores, como medicamentos, servicios de salud y cuidados especiales. Según el último informe disponible, correspondiente a octubre de 2025, esa canasta ascendía a $1.514.074,13.
En ese marco, la jubilación mínima de febrero apenas alcanzará para cubrir menos del 24% de la canasta estimada para los jubilados, una proporción que incluso podría ser menor con la actualización de precios de los últimos meses. El dato vuelve a poner en foco la situación crítica del sector previsional y el impacto del ajuste sobre los ingresos de los adultos mayores.
