La Cámara de Diputados se prepara para dar el primer paso en el tratamiento del proyecto que impulsa el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de los menores. La iniciativa, promovida por el presidente Javier Milei, sería debatida por primera vez en el recinto el jueves 12 de febrero, según el cronograma acordado en la reunión que encabezó el titular de la Cámara baja, Martín Menem, con los jefes de bloques parlamentarios.
El encuentro se realizó en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados de la Nación y sirvió para ordenar el calendario de las sesiones extraordinarias. Allí se estableció que este viernes 6 de febrero será el plazo límite para que los bloques informen los nombres de los diputados que integrarán las comisiones que aún no fueron constituidas, un paso clave para que el proyecto pueda avanzar.
La propuesta oficial busca reformar el Régimen Penal Juvenil y fijar en 13 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser imputados penalmente por delitos. Según fuentes del oficialismo, la intención es que el debate comience en comisiones la próxima semana y llegue al recinto el jueves 12, un día después de que el Senado trate la reforma laboral y otros proyectos incluidos en el temario del Gobierno.
Entre las comisiones ya conformadas que podrían intervenir en el análisis de la iniciativa se encuentran Presupuesto y Hacienda —presidida por el libertario José Luis Espert— y Legislación Penal, a cargo de la diputada Laura Rodríguez Machado. En cambio, aún resta definir las autoridades de otras comisiones clave como Justicia; Familia, Niñez y Juventudes; y Relaciones Exteriores y Mercosur, todas con competencia directa o indirecta sobre el tema.
En la reunión participaron representantes de casi todos los bloques, entre ellos La Libertad Avanza, Unión por la Patria, PRO, la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y espacios federales. Más allá de las diferencias políticas, el oficialismo logró consenso para avanzar con el cronograma, aunque el debate promete ser intenso y con fuerte resistencia de sectores que cuestionan la constitucionalidad y el impacto social de la medida.
De concretarse la convocatoria, el 12 de febrero marcará el inicio formal de una discusión que el Gobierno considera prioritaria en materia de seguridad y justicia, y que ya anticipa un escenario de alta tensión política dentro y fuera del Congreso.
