La nueva normativa actualiza el accionar de las fuerzas federales en tareas de prevención de ciberdelitos. Si bien mantiene la protección de los datos personales de menores, habilita excepciones cuando existan riesgos graves para la vida o la integridad física.

El Ministerio de Seguridad Nacional actualizó el protocolo de actuación de las fuerzas federales para la prevención de ciberdelitos, incorporando cambios específicos para los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y busca adaptar los procedimientos ante el incremento de amenazas de violencia difundidas a través de redes sociales, especialmente aquellas dirigidas contra establecimientos educativos.

Qué cambia con el nuevo protocolo

La normativa mantiene como principio general el respeto por la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326, por lo que continúa prohibido el tratamiento de datos sensibles o publicaciones de menores sin una orden judicial.

Además, establece que cuando durante una tarea preventiva exista certeza o presunción de que la investigación involucra a un menor de edad, el personal policial deberá suspender la intervención, dejar constancia en el registro correspondiente y comunicar de inmediato la situación a la autoridad competente.

En qué casos podrá continuar el monitoreo

El nuevo protocolo incorpora excepciones que permiten mantener la intervención policial sin necesidad de interrumpirla cuando existan riesgos graves e inminentes.

Entre las situaciones contempladas se encuentran:

  • Riesgo para la vida o la integridad física de un menor.
  • Indicios de abandono, desaparición, fuga o sustracción de un niño o adolescente.
  • Conductas autolesivas o posibles intentos de suicidio, aun cuando no exista certeza sobre la inminencia del daño.
  • Casos en los que un menor sea presunta víctima de un delito que se esté desarrollando en el ámbito digital y requiera una actuación inmediata.
  • Amenazas, planificación o preparación de posibles hechos de violencia masiva en escuelas u otros espacios públicos que puedan poner en peligro a estudiantes o a la comunidad educativa.

Obligación de justificar la intervención

En todos los casos en los que se aplique alguna de estas excepciones, el personal policial deberá documentar de manera detallada los motivos que justificaron la continuidad de la tarea preventiva.

Además, la normativa exige comunicar inmediatamente la situación a la autoridad responsable de la investigación para garantizar el control judicial y administrativo de las actuaciones.

La medida responde al aumento de amenazas en escuelas

La actualización del protocolo surge luego de una serie de amenazas de ataques contra establecimientos educativos registradas en distintas provincias durante los últimos meses, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales y otras plataformas digitales.

Según explicó el Gobierno, el objetivo es compatibilizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con la necesidad de brindar una respuesta rápida y eficaz frente a situaciones que puedan comprometer la seguridad de estudiantes, docentes y de toda la comunidad educativa.

De esta manera, las fuerzas federales contarán con un marco de actuación más preciso para intervenir en casos donde existan indicios de posibles hechos de violencia, sin dejar de respetar las garantías previstas por la legislación vigente en materia de protección de datos personales.