El Gobierno porteño dejó sin efecto la obligación de rubricar documentación laboral ante la autoridad local. La medida rige desde junio y mantiene vigentes las facultades de fiscalización e inspección.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con una nueva medida de simplificación administrativa y eliminó la obligación de rubricar determinada documentación laboral ante la autoridad local, un procedimiento que alcanzaba a los empleadores.

La decisión establece que desde el 1° de junio de 2026 dejó de exigirse este trámite y deroga las resoluciones y disposiciones que regulaban hasta ahora el procedimiento.

De esta manera, mayo de 2026 fue el último período devengado alcanzado por el régimen de rúbrica que quedó sin efecto.

Desde la administración porteña explicaron que el objetivo es eliminar obligaciones que perdieron vigencia jurídica, reducir costos administrativos y simplificar los procesos que deben afrontar quienes generan empleo.

Qué cambia para los empleadores de la Ciudad

Con la nueva resolución, los empleadores alcanzados por el régimen ya no deberán realizar ante la autoridad laboral porteña la rúbrica que se exigía sobre esa documentación.

La modificación forma parte de la política impulsada por la gestión de Jorge Macri para reducir trámites administrativos y modernizar el funcionamiento del Estado.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, sostuvo que la decisión apunta a conseguir una administración más eficiente y adecuada al marco normativo actual.

Además, consideró que eliminar procedimientos que ya no tienen sustento legal permite reducir costos, simplificar procesos y otorgar mayor previsibilidad a los empleadores.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, señaló que la modificación elimina trámites considerados innecesarios sin afectar la capacidad del Estado para realizar controles.

La Ciudad seguirá realizando inspecciones laborales

La eliminación del procedimiento administrativo no significa que desaparezcan los controles sobre los empleadores.

Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo aclararon que la medida no modifica las facultades de fiscalización, inspección y sanción que posee el Gobierno porteño.

La Ciudad continuará verificando el cumplimiento de las normas laborales y controlando las condiciones de salud, higiene y seguridad en los lugares de trabajo.

De esta manera, la administración porteña diferencia la eliminación de una obligación administrativa de las funciones de control que mantiene la autoridad laboral.

Qué pasa con los trámites que ya habían comenzado

La resolución también establece un mecanismo para quienes habían iniciado el procedimiento antes de que entrara en vigencia el nuevo régimen.

Los trámites presentados antes del 1° de junio de 2026 continuarán bajo las condiciones que estaban vigentes al momento de su presentación.

La Dirección General Relaciones del Trabajo será la encargada de determinar cómo se resolverán las solicitudes que todavía se encuentren pendientes.

Además, cuando corresponda, deberá establecerse el reintegro de los aranceles que hayan sido abonados por los empleadores.

Deberán adaptar los sistemas al nuevo régimen

Como consecuencia de la modificación, también se ordenó adecuar los sistemas informáticos, procedimientos administrativos e instructivos utilizados por las dependencias laborales porteñas.

La Dirección General Relaciones del Trabajo deberá realizar los cambios necesarios para adaptar su funcionamiento al nuevo esquema.

Sin embargo, no desaparecen todos los procedimientos de rúbrica. La resolución establece que continuarán aquellos que surjan de leyes especiales que permanezcan vigentes y sean competencia de la autoridad laboral de la Ciudad.

Con la medida, el Gobierno porteño busca avanzar en un esquema con menos trámites administrativos para los empleadores, aunque manteniendo las herramientas estatales destinadas a controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales.