El proceso de desregulación económica impulsado por el presidente Javier Milei sumó una nueva advertencia esta semana: más de 430.000 empleos estarían en riesgo a raíz de la apertura de las importaciones y la pérdida de competitividad de la industria nacional. Así lo alertó Fundar, una organización especializada en políticas públicas, que publicó un informe con proyecciones alarmantes sobre el impacto del modelo libertario en el mercado laboral argentino.

La investigación estima que 431.452 puestos de trabajo podrían verse afectados, lo que equivale al 1,9% del empleo total del país, y subraya la falta de un plan de transición para contener el golpe sobre los trabajadores. Según Fundar, la magnitud del ajuste supera incluso la experiencia registrada entre 2016 y 2019, cuando se aplicaron políticas similares durante el gobierno de Mauricio Macri.

Uno de los datos más preocupantes es que el 65% de los empleos comprometidos pertenecen al sector industrial, con especial vulnerabilidad en rubros como textil, calzado, muebles, metalúrgica y productos electrónicos. Todos estos sectores compiten directamente con bienes importados y suelen ser grandes generadores de empleo registrado.

Además, el informe detalla que la pérdida laboral tendría un fuerte impacto regional: solo cuatro provincias concentran el 74% de los puestos en riesgo. Estas son: Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe. No obstante, en términos proporcionales, Tierra del Fuego encabeza la lista, ya que podría perder hasta el 5,5% de su empleo privado.

El perfil de los más afectados también fue identificado: trabajadores registrados, de entre 25 y 44 años, con nivel educativo medio (secundario completo). Un segmento clave para la estabilidad del mercado laboral argentino.

Por otra parte, Fundar advierte que el tipo de cambio actual agrava la situación. Si el tipo de cambio real se hubiera mantenido en los niveles de 2023, el empleo en riesgo sería un 18% menor. Es decir, 76.294 empleos menos estarían en peligro bajo un escenario de mayor protección cambiaria.

En paralelo, el Gobierno continúa desmantelando instrumentos de apoyo a la producción. Esta semana eliminó por decreto el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, lo que refuerza la sensación de que la industria nacional queda sin herramientas de respaldo ante el nuevo escenario.

Desde el oficialismo, sin embargo, se insiste en que la apertura comercial busca aumentar la competitividad y atraer inversiones, aunque no se han anunciado medidas concretas de contención social ni de reconversión laboral.

Mientras tanto, crece la incertidumbre entre trabajadores y empresarios industriales, que alertan por el deterioro de la producción nacional y el riesgo de una crisis de empleo en cadena si no se moderan los tiempos ni se contemplan medidas paliativas.