La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió este martes un fuerte comunicado en rechazo al cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una de las tantas dependencias estatales que fueron disueltas por el Gobierno nacional en las últimas horas. La central obrera advirtió que la medida pone en riesgo la seguridad de millones de personas y constituye un nuevo golpe contra el modelo federal del país.

La decisión del presidente Javier Milei, tomada en el tramo final de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso, contempla además la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Todas estas funciones serán absorbidas por nuevas estructuras o transformadas en unidades internas, lo que implica pérdida de autonomía y recortes de personal.

“Esto no es eficiencia, es abandono”, señalaron desde la CGT en un mensaje firmado por su Consejo Directivo. “Desmantelar organismos encargados de la infraestructura vial y el control del transporte significa dejar a la deriva uno de los sectores más sensibles para la seguridad ciudadana”, sostuvieron.

La central obrera hizo hincapié en el impacto social y humano de la medida: “Miles de trabajadores quedan sin funciones ni certezas. Y lo que es más grave, las rutas, que ya son escenarios frecuentes de siniestros, se verán aún más desprotegidas”.

En paralelo, el Gobierno justificó la medida afirmando que se trata de una reorganización estatal que permitirá un ahorro fiscal cercano a los 100 millones de dólares anuales. También adelantaron que se licitarán más de 9.000 kilómetros de rutas para que su mantenimiento pase a manos privadas.

Desde el gremio STVyARA, que agrupa a los trabajadores del sector vial, la titular Graciela Aleñá fue contundente: “Con esta política, estamos encaminándonos hacia rutas de la muerte. El objetivo real no es la eficiencia, sino abrir el camino a negociados privados. Desviaron fondos y ahora nos acusan de ser ineficientes”.

La CGT llamó a los gobernadores y a las fuerzas políticas a pronunciarse en contra del decreto. “Sin obra pública no hay desarrollo, y sin seguridad vial no hay justicia social. Rechazamos con firmeza este desguace del Estado”, concluyeron.