En una ofensiva final antes del vencimiento de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso, el presidente Javier Milei decidió acelerar su política de reducción del Estado con la eliminación o transformación de más de 100 organismos públicos. Esta nueva tanda de medidas, oficializada este martes en el Boletín Oficial, impacta de lleno en áreas clave como salud, transporte, producción, ciencia y cultura.
Entre las entidades afectadas se encuentran la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional del Teatro, el INADI, y el Instituto Nacional de Semillas, entre muchos otros. Varios organismos dejaron de existir como entes autónomos y pasaron a funcionar como simples dependencias dentro de ministerios. También se disolvieron una veintena de fondos fiduciarios que financiaban programas sociales, educativos, científicos y productivos.
En materia de salud, se anunció la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que absorberá la gestión de cinco hospitales nacionales. Asimismo, se reorganizaron funciones del Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Malbrán y el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares.
Desde el Ejecutivo explicaron que esta reestructuración busca “racionalizar el funcionamiento estatal”, reducir el gasto público y eliminar estructuras consideradas innecesarias o ineficientes. Sin embargo, distintos sectores sindicales y políticos expresaron su preocupación por la pérdida de derechos y la desprotección social que puede generar este nuevo recorte.
La CGT emitió un comunicado de alerta especialmente por el cierre de Vialidad Nacional, mientras que otros gremios estatales se preparan para responder con medidas de fuerza. También comenzaron a circular pedidos para que el Congreso revise algunas de las disoluciones.
Con esta nueva oleada de decretos, el Gobierno libertario marca el cierre de una etapa de reformas que removieron estructuras históricas y programas de asistencia pública, en una búsqueda por consolidar su modelo de Estado mínimo. Ahora, con la finalización de las facultades especiales, la continuidad del ajuste dependerá del aval legislativo.
