La investigación por presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa este miércoles un punto de inflexión. A las 13, en los tribunales de Comodoro Py, deberá presentarse Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, para declarar como imputado en un expediente que lo señala como posible responsable de un esquema de corrupción estructurado alrededor de contrataciones públicas y compras de medicamentos para personas con discapacidad. La indagatoria, a cargo del fiscal Franco Picardi, podría abrir un nuevo capítulo judicial y definir el rumbo de una causa que ya marcó a la administración nacional.
El llamado no es exclusivo de Spagnuolo: otros funcionarios y empresarios también fueron convocados, entre ellos Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich. La amplitud de la lista sugiere que la Justicia cree estar ante un entramado más profundo que la actuación individual de un exfuncionario.
Según la acusación, dentro de ANDIS habría funcionado un sistema de direccionamiento de contrataciones supuestamente articulado mediante el sistema SIIPFIS, originalmente diseñado para transparentar procesos administrativos, pero que —según la hipótesis del fiscal— habría sido vulnerado para simular licitaciones regulares y ocultar adjudicaciones pactadas.
El estallido público del caso se produjo tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, donde se describirían presuntos pedidos de coimas y mecanismos internos para favorecer a ciertos proveedores de medicamentos del Programa Incluir Salud. El contenido generó un impacto político inmediato y derivó en la salida del exdirector del organismo, además de auditorías internas en el Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, la defensa del exfuncionario, encabezada por Mauricio D’Alessandro, sostiene que los audios son falsos y que habrían sido manipulados o generados mediante inteligencia artificial, motivo por el cual pidieron pericias acústicas y análisis forense del material.
La causa investiga un posible circuito que incluiría cuatro niveles: dirección política, operadores internos, intermediarios externos y proveedores alineados al sistema. Según la fiscalía, este mecanismo habría operado al menos durante un año y afectado la provisión de medicamentos e insumos destinados a beneficiarios de extrema vulnerabilidad.
Para los investigadores, el Programa Incluir Salud —por volumen de demanda, costos elevados y urgencia constante— es un terreno particularmente sensible a irregularidades. Y es justamente esa gravedad lo que convierte la indagatoria de este miércoles en una instancia clave: de la declaración (o del silencio) de Spagnuolo dependerá el avance del expediente, la eventual ampliación de imputaciones y el nivel de involucramiento que la Justicia adjudique a cada uno de los actores del caso.
Mientras tanto, el escándalo continúa generando repercusiones políticas y tensiones internas. La causa ANDIS, lejos de cerrarse, parece ingresar en una etapa decisiva que podría redefinir responsabilidades y exponer con mayor profundidad el funcionamiento del organismo durante la gestión investigada.
