El Gobierno oficializó este viernes una nueva reestructuración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida apunta a “centralizar, modernizar y reordenar” el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), con la creación de nuevos organismos, la redefinición de funciones y la ampliación de facultades, entre ellas la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.

Se trata de la segunda reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) impulsada por el presidente Javier Milei desde su llegada al poder en diciembre de 2023. El decreto deberá ser analizado y ratificado por el Congreso.

Nueva estructura del sistema

El DNU ratifica a la Secretaría de Inteligencia de Estado como órgano rector del sistema y elimina organismos previos para conformar una nueva estructura integrada por:

  • Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
  • Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC)
  • Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC)
  • Inspectoría General de Inteligencia (IGI)

Según el texto oficial, cada organismo contará con autonomía técnica y funcional, pero quedará bajo la conducción política del titular de la SIDE.

La ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN), creada durante esta gestión, pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y tendrá como misión central la prevención y detección de amenazas estratégicas internas. Además, se amplía el concepto de contrainteligencia e impone la aplicación obligatoria de medidas pasivas de seguridad en todo el sector público.

Ciberseguridad y control presupuestario

La reforma también crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que funcionará en la órbita de la Jefatura de Gabinete como autoridad nacional en la materia. El decreto diferencia formalmente la ciberseguridad, enfocada en la protección de infraestructuras críticas, de la ciberinteligencia, orientada al análisis de amenazas digitales.

De acuerdo con un comunicado difundido por la SIDE, los cambios refuerzan la centralización del sistema: el organismo controlará los presupuestos de inteligencia, supervisará los gastos reservados y podrá requerir información a ministerios, organismos, provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

Comunidades de inteligencia

El DNU crea además dos ámbitos de coordinación:

  • Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), integrada por los organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad federales, Fuerzas Armadas y la Unidad de Información Financiera (UIF), destinada a la producción y coordinación de inteligencia.
  • Comunidad Informativa Nacional (CIFN), conformada por ministerios y organismos civiles que aportarán información estratégica sin realizar tareas de inteligencia.

En el plano militar, se dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y el traspaso de sus funciones al Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de evitar superposiciones.

Facultades ampliadas y polémica

Entre los puntos más sensibles, el decreto autoriza a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad, repeler agresiones y aprehender personas en casos de flagrancia, dando aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Este aspecto generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que reclaman su revisión parlamentaria y advierten sobre una posible inconstitucionalidad.

El texto refuerza además el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia, aunque ratifica la prohibición de realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos, o de influir sobre partidos, medios de comunicación u opinión pública.

La conducción de la SIDE continuará en manos de Cristian Auguadra y Diego Kravetz, ambos vinculados al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Las designaciones deberán ser informadas a la Comisión Bicameral de Fiscalización del Congreso.

Con este nuevo decreto, el Ejecutivo profundiza una de las reformas más controvertidas de su agenda institucional, que promete abrir un intenso debate político y parlamentario en las próximas semanas.