Desde este lunes 17 de noviembre rige un nuevo aumento en las tarifas de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para todas las líneas de jurisdicción nacional. Con esta actualización, el boleto mínimo pasa de $451 a $494,83, según lo establecido por el Gobierno.

El ajuste forma parte del esquema tarifario que se viene aplicando desde la reestructuración del sistema en 2024 y se suma a los incrementos que ya implementan la Ciudad y la Provincia en sus propias líneas, cuyos valores se actualizan mensualmente según el índice de inflación más un adicional del 2%.

Qué líneas aplican el aumento

La suba alcanza a más de 100 líneas de colectivos nacionales, entre ellas:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

El impacto para las empresas del sector

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aclararon que el aumento no representa una mejora económica para las compañías:

“Todo ajuste de tarifa se descuenta de los subsidios, que siguen siendo la principal fuente de ingresos del sistema.”

Además, desde la entidad remarcaron que el financiamiento del sector cayó de manera significativa en los últimos años:

  • En 2015, el AMBA recibía $400.000 millones mensuales (a moneda de hoy) entre recaudación y subsidios.
  • En 2025, ese monto se redujo a $270.000 millones mensuales.
  • Esto implica una pérdida de un tercio de los ingresos del sistema.

Un sistema que sigue dependiendo de subsidios

A pesar de los incrementos tarifarios, el AMBA continúa siendo uno de los sistemas de transporte más subsidiados del país. El Gobierno sostiene que los ajustes buscan ordenar las cuentas públicas, mientras que los empresarios advierten que la brecha entre costos reales y tarifas sigue ampliándose.