El debate institucional en el Congreso y la presión de los bloques opositores tras el fallo judicial que dejó vigente la venta de tierras a extranjeros.
Mientras el oficialismo evalúa alternativas para blindar su postura, asoman gobernadores dispuestos a pelear en la Justicia para frenar la flexibilización territorial.
El escenario judicial abierto por la decisión del máximo tribunal dejó en evidencia que el debate por la Ley de Tierras está lejos de cerrarse. Ante la imposibilidad de sostener un discurso monolítico sobre la soberanía territorial sin costos políticos, en el tablero político comenzaron a tallar nuevos actores institucionales. Las provincias, especialmente aquellas con fuertes intereses sobre sus recursos naturales y extensiones productivas, evalúan presentarse como demandantes legítimas para salvar el vacío legal marcado por la Corte. Mientras tanto, en los despachos oficiales intentan recalcular los daños de una medida que reabrió un flanco incómodo y obligó a replantear la hoja de ruta parlamentaria.
