El Gobierno argentino presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York contra el fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó que el Estado entregue el 51% de las acciones de YPF a los fondos Eton Park Capital Management y Burford Capital. La medida, que pone en jaque el control estatal sobre la petrolera nacional, había sido dictada a fines de junio y generó un fuerte rechazo por parte de las autoridades locales.

La defensa argentina argumentó que el fallo de Preska perjudica al Estado pero no a YPF, ya que la jueza reconoció que ni la empresa ni sus accionistas actuales tuvieron responsabilidad en la estatización llevada a cabo en 2012. La acusación se concentra en las decisiones del Poder Ejecutivo, encabezado entonces por Cristina Fernández de Kirchner, y del Congreso Nacional, que sancionó la ley de expropiación.

El reclamo fue presentado antes de que se cumplieran los 15 días procesales, como parte de la estrategia legal argentina para escalar el caso a un tribunal de segunda instancia. Según informaron fuentes oficiales, la apelación busca frenar un precedente peligroso que podría abrir la puerta a embargos forzados sobre activos de países soberanos.

En este conflicto internacional, los fondos demandantes son conocidos como «fondos buitres», ya que compraron los derechos a litigar que originalmente pertenecían al Grupo Petersen e IEASA (ex Enarsa). Su objetivo es cobrar indemnizaciones millonarias por la manera en que se llevó adelante la nacionalización del 51% de la compañía.

Los abogados de Argentina advirtieron además que el caso de Eton Park es especialmente delicado: aseguran que incluso el propio gobierno de Estados Unidos habría manifestado objeciones respecto a la interpretación legal de la jueza Preska. En caso de que el fallo quede firme, podría sentar un precedente internacional que habilite futuras represalias legales entre estados por decisiones soberanas, algo que violaría el orden jurídico estadounidense.

Mientras tanto, el Ejecutivo argentino busca fortalecer la defensa de su soberanía energética y proteger a YPF de cualquier intento de despojo. La tensión legal promete escalar, con impacto potencial no solo económico, sino también político y diplomático.