La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Según el Ejecutivo, busca simplificar el marco regulatorio y reducir la burocracia en distintos sectores productivos.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su política de desregulación económica al derogar 16 resoluciones y disposiciones vinculadas a actividades comerciales, industriales y de consumo. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Comercio e Industria, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La normativa lleva la firma del secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, y forma parte de la estrategia impulsada por la administración de Javier Milei para reducir la intervención estatal en la economía y simplificar los marcos regulatorios vigentes.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que gran parte de las normas derogadas habían quedado desactualizadas o habían perdido vigencia práctica debido a cambios legislativos y administrativos producidos en los últimos años.
Entre las disposiciones eliminadas se encuentran regulaciones vinculadas al control de precios, mecanismos de autorización para determinadas operaciones comerciales, programas de incentivo al consumo y normas relacionadas con distintos procedimientos administrativos.
Uno de los cambios que generó mayor repercusión fue la eliminación de la obligación para los establecimientos educativos privados de solicitar autorización estatal previa para aplicar modificaciones en el valor de sus cuotas.
La resolución también deja sin efecto disposiciones asociadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, además de procedimientos específicos vinculados a la importación de mercaderías y requisitos de información para la comercialización de determinados productos.
Según argumentó el Gobierno, la acumulación de normas a lo largo de los años provocó superposiciones, contradicciones y dificultades para determinar cuáles permanecían vigentes, generando incertidumbre jurídica tanto para empresas como para ciudadanos.
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo señaló que busca avanzar hacia un sistema normativo más simple y coherente, eliminando regulaciones que considera incompatibles con los principios de libertad económica impulsados por la actual gestión.
La decisión se suma a otras iniciativas de desregulación implementadas desde el inicio del mandato de Javier Milei, orientadas a reducir controles estatales, flexibilizar procedimientos administrativos y disminuir la participación del Estado en distintos sectores de la economía.
Mientras el Gobierno sostiene que estas medidas favorecen la actividad privada y reducen costos burocráticos, algunos sectores advierten que la eliminación de determinadas regulaciones podría generar un menor nivel de protección para consumidores y usuarios en áreas sensibles del mercado.
