La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el delito de abuso de autoridad luego de solicitar el allanamiento de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como de los estudios del canal Carnaval Stream, en el marco de la causa por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.
La presentación contra Bullrich fue realizada este martes por el abogado Gregorio Dalbón, quien cuestionó que el pedido del Ministerio de Seguridad se basara en una supuesta violación a la Ley de Inteligencia.
Un intento de censura previa
Según detalló Dalbón, en la denuncia del Gobierno —firmada por el abogado Fernando Soto— se solicitaba el secuestro forense de equipos, discos rígidos, servidores, consolas de edición y toda la documentación relativa a la difusión del material.
El letrado advirtió que esa medida tenía “el único fin de amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa”, y agregó que representaba “un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”.
Dalbón también sostuvo que la denuncia de Bullrich pretendía extenderse a la totalidad de los medios y plataformas digitales, configurando “una forma de censura indirecta y masiva”.
Pedido de indagatoria
En su escrito, Dalbón solicitó que Bullrich sea citada a indagatoria por abuso de autoridad, al considerar que la ministra utilizó la denuncia penal como herramienta de intimidación contra periodistas y medios de comunicación.
“El pedido de allanamiento de medios, el secuestro de equipos de trabajo y, particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución”, afirmó el abogado.
La denuncia refuerza el debate sobre los límites entre seguridad nacional y libertad de expresión, en un contexto político atravesado por acusaciones cruzadas y denuncias de espionaje ilegal.
