El perito de parte de la ex presidenta presentó una estimación de actualización que difiere drásticamente del cálculo oficial: propone $42 mil millones frente a los $684 mil millones determinados por la Corte Suprema. La definición final quedará en manos del Tribunal Oral.

La discusión por el monto del decomiso en la causa Vialidad sumó un nuevo capítulo. Mientras los peritos oficiales de la Corte Suprema estimaron la cifra en $684.990 millones, el perito de parte de Cristina Kirchner sostuvo que el monto actualizado debería ser de apenas $42.494 millones, es decir, el 6% del cálculo oficial.

El contador José Lucas Gaincerain, designado por la defensa de la ex presidenta, aplicó una metodología alternativa basada en la tasa pasiva promedio del Banco Central, a diferencia de los peritos de la Corte, que usaron el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC para actualizar la cifra originalmente establecida en $85 mil millones por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022.

Diferencias metodológicas

La clave de la diferencia radica en el criterio elegido para la actualización. Mientras la Corte Suprema utilizó el mismo índice que se aplicó al momento del fallo, el perito de la defensa tomó como base el valor del dinero en función de su rendimiento financiero potencial. “El IPC refleja precios de productos, pero no necesariamente la rentabilidad real del dinero”, sostuvo Gaincerain en su informe de 11 páginas.

En esa línea, el especialista señaló que el Tribunal Oral no especificó cuál debía ser el parámetro para actualizar los valores, por lo que eligió aplicar una lógica “financiera y conservadora”, que ya fue utilizada en otras causas judiciales vinculadas a Cristina Kirchner.

La decisión final será del tribunal

La resolución sobre qué cálculo se aplicará finalmente quedará en manos del Tribunal Oral Federal N.º 2, que deberá definir qué monto deberá devolver cada condenado. Entre ellos se encuentran, además de la ex presidenta, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros ex funcionarios vinculados a la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Una vez determinado el monto definitivo, los condenados tendrán 10 días hábiles para realizar el pago. En caso de no hacerlo, se procederá al remate de bienes para cubrir la cifra fijada.

Además de los peritos de la Corte y de la defensa, la Fiscalía también presentó sus propios cálculos, que oscilan entre los $230 mil millones y los $723 mil millones, dependiendo de los criterios aplicados.

Advertencias de los fiscales

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al tribunal nuevas medidas para garantizar la ejecución del decomiso, tras detectar movimientos sospechosos vinculados a los bienes del empresario Lázaro Báez.

Según el planteo, su pareja, Claudia Insaurralde, intentó ingresar a la cárcel de Río Gallegos con documentos para que Báez firmara una serie de actos legales vinculados a sus propiedades. El Servicio Penitenciario Federal impidió el ingreso y notificó a la justicia. La defensa de Báez afirmó que se trataba de designaciones de abogados.

Ante este episodio, los fiscales pidieron que se actualicen todas las medidas cautelares ya dictadas en la causa y se realice un seguimiento sobre los bienes registrados a nombre de Insaurralde desde 2016.