El Gobierno nacional retomó las negociaciones con las empresas de transporte del AMBA en un intento por destrabar el conflicto que ya impacta en la frecuencia de los colectivos. La administración de Javier Milei busca avanzar en una reestructuración del sistema y encontrar una salida a la deuda acumulada en subsidios, que supera los $120.000 millones.

El encuentro, encabezado por la Secretaría de Transporte, reúne a las principales cámaras del sector, entre ellas AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP. Se trata del segundo intento de diálogo en pocos días, luego de una primera reunión sin acuerdo que derivó en una reducción de servicios en distintas líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El eje de la discusión pasa por cómo equilibrar el funcionamiento del sistema sin generar un impacto fuerte ni en las cuentas públicas ni en el bolsillo de los usuarios. El dilema es claro: aumentar subsidios implica mayor gasto estatal, mientras que trasladar los costos a las tarifas podría afectar directamente a los pasajeros.

Desde el sector empresario advierten que la estructura actual quedó desfasada frente a la suba de costos, especialmente por el aumento del combustible. Según plantean, el precio del gasoil tomado como referencia en la última actualización está por debajo de los valores actuales, generando un desajuste cercano al 10%. Además, en el último mes el combustible habría registrado subas superiores al 25%, lo que profundiza la crisis financiera de las compañías.

Otro punto clave en la negociación es la deuda que el Estado mantiene con las empresas. En ese marco, se analizan distintos mecanismos para regularizar los pagos y dar mayor previsibilidad al sistema, en un contexto donde las empresas aseguran estar operando con fuertes limitaciones económicas.

Mientras tanto, las compañías sostienen el servicio con dificultades y advierten que la situación es crítica. En un comunicado reciente, remarcaron que continuarán operando “con el máximo esfuerzo posible” para no perjudicar aún más a los usuarios, aunque reconocen que el esquema actual resulta cada vez más difícil de sostener.

La resolución del conflicto será clave para garantizar la normalidad del transporte público en el AMBA y evitar nuevas complicaciones para millones de pasajeros que dependen del servicio a diario.