La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de la defensa y ratificó las condiciones de la prisión domiciliaria impuesta a la ex presidenta.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes mantener las condiciones de detención domiciliaria que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner. Entre ellas, se incluye la utilización obligatoria de la tobillera electrónica y la restricción de visitas, que requieren autorización previa salvo que estén en la nómina autorizada.

El máximo tribunal penal del país, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, desestimó los recursos presentados por la defensa de la ex presidenta, quien cumple una condena de seis años de prisión por corrupción, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Durante el debate, también se trató el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal que inicialmente pedía la revocación de la prisión domiciliaria. Sin embargo, en la audiencia oral y pública, el fiscal Mario Villar retiró el pedido, al considerar que Cristina Kirchner cumple con las condiciones impuestas y que las razones que justificaron originalmente el beneficio ya no están vigentes.

La mayoría de la sala, conformada por Hornos y Barroetaveña, consideró válidas tanto la colocación de la tobillera como las limitaciones a las visitas. Según los magistrados, estas medidas “permiten un control judicial efectivo” y garantizan tanto la seguridad de la imputada como la continuidad del proceso judicial.

En disidencia, Borinsky sostuvo que la expresidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal y que el uso de dispositivos electrónicos debería reservarse para situaciones donde no existan alternativas. También expresó reparos sobre la limitación de visitas.

La prisión domiciliaria bajo análisis constante

El fallo remarca que la prisión domiciliaria es una modalidad excepcional sujeta a supervisión judicial permanente, y que puede revisarse si cambian las circunstancias del caso. En esa línea, el juez Hornos subrayó que el cumplimiento de la pena “por delitos de corrupción no debe limitarse a lo formal”, y defendió la aplicación de la ley “sin distinción de jerarquía ni exposición pública”, en consonancia con los principios constitucionales.

Con esta decisión, Cristina Kirchner continuará cumpliendo su condena en su domicilio, bajo monitoreo electrónico y con visitas controladas, mientras persista el encuadre legal vigente.