El Gobierno de Javier Milei anunció el avance en la creación de la Policía Migratoria, una nueva fuerza que tendrá como principal objetivo reforzar los controles en las fronteras, aeropuertos y pasos internacionales del país. La medida se enmarca dentro de los cambios impulsados en materia de seguridad y migraciones y estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, actualmente encabezado por Patricia Bullrich y que, a partir del 10 de diciembre, quedará a cargo de Alejandra Monteoliva.

Con esta decisión, la nueva unidad reemplazará parte de las funciones que hoy cumplen la Gendarmería Nacional en las fronteras terrestres y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en las terminales aéreas. Según fuentes oficiales, el objetivo es “profesionalizar el control migratorio” y centralizar las tareas de verificación, identificación y prevención de delitos como el tráfico de personas, el contrabando y el ingreso de organizaciones delictivas por pasos legales e ilegales.

La creación de esta fuerza está contemplada en la Ley de Migraciones y, aunque no es una iniciativa nueva en términos normativos, sí lo es su implementación práctica. Desde el Gobierno aseguran que existe “decisión política” para llevarla adelante de manera inmediata, junto con un rediseño de la estructura de la Dirección Nacional de Migraciones, que continuará dependiendo del área de Seguridad.

El plan oficial incluye la reasignación de recursos y la incorporación de efectivos provenientes de otras fuerzas federales, quienes deberán recibir capacitación específica en materia migratoria, derechos humanos, control documental, idiomas y procedimientos internacionales. También se trabaja en el diseño del presupuesto, la jerarquía interna, la cadena de mando y la distribución de personal en puntos estratégicos del país.

La propuesta ha generado polémica en sectores políticos y organismos de derechos humanos, que advierten un posible endurecimiento de la política migratoria y la estigmatización de personas extranjeras, en sintonía con decisiones tomadas en años recientes por el gobierno de Estados Unidos, particularmente a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Desde el oficialismo, sin embargo, rechazan estas comparaciones y aseguran que la nueva fuerza no tendrá como fin la persecución discriminatoria, sino el orden, la prevención del delito y el cumplimiento de la ley.

Meses atrás, el propio Javier Milei había adelantado otros cambios en el esquema de seguridad, como la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en el FBI norteamericano, con el objetivo de reforzar las tareas de inteligencia criminal. La Policía Migratoria se sumará así al nuevo entramado institucional pensado por el Gobierno para reorganizar la seguridad interior.

En paralelo, continúa el debate político sobre el rol del Estado en el control de las fronteras, la integración regional y la situación de millones de migrantes que residen y trabajan en la Argentina. La implementación concreta de esta fuerza marcará, sin dudas, un punto de inflexión en la política migratoria nacional.