La iniciativa fue aprobada en el Senado por 37 votos contra 33. Para conseguir los apoyos, el oficialismo retiró los cambios sobre tierras rurales y Manejo del Fuego, aunque mantuvo las reformas sobre desalojos y expropiaciones.

El Gobierno de Javier Milei consiguió durante la madrugada de este viernes la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de una extensa sesión en el Senado atravesada por negociaciones, modificaciones al proyecto y protestas en las inmediaciones del Congreso.

La votación en general terminó con 37 votos afirmativos y 33 negativos, pero el texto que logró superar la Cámara alta quedó lejos de la propuesta originalmente impulsada por el oficialismo.

La Libertad Avanza debió retirar dos de los puntos que mayor resistencia habían generado: las modificaciones al régimen de tierras rurales y los cambios en la Ley de Manejo del Fuego. 

El oficialismo retiró los cambios sobre tierras rurales

Uno de los principales retrocesos para el Gobierno ocurrió incluso antes de comenzar la sesión.

El oficialismo decidió eliminar el capítulo que buscaba modificar las restricciones relacionadas con la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros.

La decisión llegó después de las dificultades para reunir los votos necesarios y del rechazo que había generado la propuesta entre gobernadores y distintos bloques parlamentarios.

Con ese capítulo fuera del proyecto, el Gobierno intentó concentrar los apoyos alrededor del resto de las modificaciones vinculadas con la propiedad privada.

También quedó afuera la reforma de la Ley de Manejo del Fuego

La segunda concesión llegó durante la propia sesión, cuando finalmente fue retirado el artículo 3 referido a la Ley de Manejo del Fuego.

El texto original buscaba modificar las restricciones vigentes para los terrenos afectados por incendios.

Entre otros puntos, se proponía eliminar las prohibiciones que actualmente limitan durante determinados períodos la modificación del uso de las superficies incendiadas, una cuestión que había despertado fuertes cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones ambientales. 

Con la eliminación de ese artículo y del capítulo referido a tierras, dos de los aspectos más controvertidos quedaron definitivamente afuera del texto que recibió media sanción.

Qué establece el proyecto sobre los desalojos

Uno de los puntos que permaneció dentro de la iniciativa es la modificación del procedimiento frente a la falta de pago de un alquiler.

Para viviendas destinadas a uso habitacional, el propietario deberá intimar de manera fehaciente al inquilino para que abone la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde que recibe la notificación.

Cumplido ese período sin que se regularice la situación, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo, que deberá tramitar mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación.

Según el texto difundido durante el debate, en los casos en los que habiten menores o personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) se contempla un plazo adicional de 10 días. 

Los cambios previstos para las expropiaciones

La iniciativa también introduce modificaciones importantes en el régimen de expropiaciones.

La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e identificar específicamente cuál es el objetivo perseguido. Además, la expropiación tendrá que resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese fin.

Respecto de las indemnizaciones, el proyecto establece como referencia el valor objetivo o de mercado del bien, junto con aquellos daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

También contempla el lucro cesante cuando pueda demostrarse mediante pruebas objetivas, concretas y suficientes, aunque fija límites para su reconocimiento. 

Una sesión marcada por protestas y tensión política

Mientras el Senado debatía el proyecto, organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron hacia el Congreso.

Entre los convocantes estuvieron la CGT, las dos CTA y la UTEP, además de ATE, trabajadores de Parques Nacionales, organizaciones ambientales y agrupaciones políticas.

La protesta se mantuvo incluso después de conocerse que el Gobierno había retirado el capítulo relacionado con las tierras rurales.

Tras una extensa jornada y luego de sucesivas modificaciones, el oficialismo consiguió finalmente los votos para avanzar con una versión reducida de su iniciativa.

De esta manera, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo media sanción, pero sin dos de las reformas centrales que el Gobierno pretendía incorporar originalmente.