En una nueva etapa de su plan de desregulación económica, el Gobierno nacional oficializó la derogación de 71 normativas comerciales que regían distintos aspectos del comercio interno, incluyendo disposiciones complementarias de la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y el programa Precios Justos, ya discontinuados.

La medida se instrumentó a través de la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y alcanza a 40 resoluciones y 31 modificatorias que, según la Secretaría de Industria y Comercio, “generaban trabas burocráticas, controles de precios innecesarios y exigencias sin fin específico”.

Qué normas quedaron sin efecto

El paquete incluye:

  • 27 resoluciones vinculadas a la Ley de Abastecimiento, que permitían al Estado fijar precios y márgenes de ganancia en sectores estratégicos como alimentos y combustibles.
  • 24 normas del Coprec (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), organismo disuelto por considerarse redundante.
  • 20 disposiciones de programas ya inactivos, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio y la Ley de Góndolas.

Entre los casos más recordados figuran la Resolución 100/2020 y la 1050/2021, que fijaron precios máximos durante la pandemia de Covid-19, y la Resolución 605/2020, que obligaba a empresas de insumos para la construcción a producir a máxima capacidad.

También se eliminaron normas más antiguas, como la Resolución 226/1986, que suspendía el derecho de importar papa, y la Resolución 18/1989, que imponía requisitos a los productores de algodón.

Fin de programas y organismos

Con esta decisión, quedan sin sustento legal los programas de control de precios y entes de fiscalización:

  • Precios Justos (creado en 2022) ya había sido discontinuado, pero ahora se derogaron las resoluciones que habilitaban convenios con municipios.
  • La Ley de Góndolas (2020) pierde sus disposiciones complementarias que establecían porcentajes de espacio para segundas y terceras marcas.
  • El Coprec deja de contar con marco regulatorio para la homologación de acuerdos y gestión de reclamos.

Argumentos oficiales

Desde la Secretaría de Comercio se defendió la medida como un paso hacia un mercado más ágil y competitivo:

“Estas resoluciones eran resabios de políticas de control de precios que ya no tienen sentido. Obstaculizaban el comercio, exigían información sin objetivos claros y limitaban la libre competencia”.

El Ejecutivo subrayó que ya se derogaron más de 240 regulaciones desde el inicio de la gestión, y que este proceso busca incentivar la inversión privada, reducir costos administrativos y aumentar la eficiencia del Estado.

Advertencias

Distintos especialistas advierten que, si bien la simplificación normativa puede favorecer la inversión, la eliminación de mecanismos de control podría dejar a los consumidores más expuestos a prácticas abusivas en sectores sensibles como alimentos, combustibles e insumos básicos.

El Gobierno, sin embargo, insiste en que la medida contribuirá a generar un ordenamiento jurídico más transparente y a fortalecer la competitividad del mercado interno.