El Gobierno promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida a la espera de que el Congreso defina las fuentes de financiamiento necesarias, según lo establecido en el Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Promulgación obligatoria y condicionada

La norma había sido vetada semanas atrás por el Poder Ejecutivo bajo el argumento del alto costo fiscal que representaría. No obstante, tanto la Cámara de Diputados como el Senado insistieron con su sanción, forzando al Gobierno a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

Desde la Casa Rosada explicaron que la ejecución de la ley implicaría un gasto de $3,02 billones en 2025 (0,35% del PBI), cifra que ascendería a $4,70 billones en 2026 (0,47% del PBI). Solo la creación de la nueva pensión representaría $2,16 billones en el primer año.

El impacto fiscal y la Ley de Administración Financiera

El decreto advierte que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes” para afrontar el gasto y que la facultad del jefe de Gabinete de reasignar partidas “no constituye una fuente concreta ni suficiente”. La Ley de Administración Financiera (24.156) exige que toda norma que implique erogaciones no previstas especifique claramente de dónde saldrán los fondos.

Además de la pensión, la implementación abarca:

  • Programa Incluir Salud, con un costo de $574.200 millones en 2025 y $1,23 billones en 2026.
  • Compensación económica de emergencia para prestadores, que representaría $278.323 millones en 2025.

Refuerzo presupuestario transitorio

En paralelo a la suspensión, el Ejecutivo dispuso un refuerzo de fondos para la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) mediante la Decisión Administrativa 24/2025, redirigiendo recursos desde la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro. La medida, que regirá desde el 1° de octubre, apunta a actualizar aranceles y cubrir gastos urgentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Qué sigue

El Gobierno comunicó al Congreso la promulgación de la norma, pero dejó en manos de los legisladores la definición de las fuentes de financiamiento. Hasta que esto no ocurra, la emergencia nacional en discapacidad seguirá suspendida.