El gobierno de Javier Milei avanzó en la implementación de la reforma laboral al reglamentar un esquema de beneficios fiscales para empresas que regularicen trabajadores no registrados.
La medida quedó oficializada a través del Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que apunta a reducir la informalidad en el mercado de trabajo.
El programa ofrece a los empleadores una reducción de las contribuciones patronales durante un período de hasta cuatro años para cada trabajador incorporado bajo este esquema. Las alícuotas se fijaron en el 2% y el 3%, según el destino de los aportes.
El régimen contempla distintos perfiles de beneficiarios, entre ellos personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, desempleados recientes y ex monotributistas que no hayan tenido relación de dependencia en los últimos meses.
Para acceder a los beneficios, las empresas deberán estar inscriptas en la Agencia de Recaudación y Control Aduanerodesde esa misma fecha y registrar nuevas relaciones laborales entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
Además, se estableció un límite: las incorporaciones bajo este régimen no podrán superar el 80% del total de la plantilla del empleador.
El esquema también prevé la articulación con programas sociales, a través de un sistema de intercambio de información entre ARCA y el Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de garantizar la continuidad de beneficios para los trabajadores que ingresen al empleo formal.
La reglamentación se da en un contexto de debate judicial y político en torno a la reforma laboral, pero el Gobierno busca acelerar su implementación con medidas concretas orientadas a fomentar la registración del empleo.
