La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alta tensión luego de que la diputada Marcela Pagano presentara un pedido de detención en su contra por presunto intento de influir sobre un testigo clave.

La solicitud fue impulsada tras la declaración del contratista Matías Tabar, cuya figura es considerada central en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según la legisladora, existirían indicios de que el entorno del funcionario habría mantenido contactos previos con el testigo antes de su presentación formal.

En declaraciones públicas, Pagano sostuvo que Adorni habría ejercido presiones para modificar o eliminar pruebas. En ese sentido, la denuncia señala que se habrían borrado mensajes de WhatsApp y ofrecido asistencia legal a cambio de eliminar información comprometedora del teléfono del contratista.

El planteo fue elevado ante el juez Ariel Lijo, invocando la denominada doctrina Irurzun, un criterio judicial que habilita la prisión preventiva cuando se considera que el imputado podría entorpecer la investigación debido a su posición de poder. En este caso, la diputada argumentó que la jerarquía de Adorni como funcionario en ejercicio incrementa ese riesgo.

Como alternativa a la detención, también se solicitaron medidas restrictivas, como la prohibición de contacto con testigos, la retención del pasaporte, una caución económica y la preservación de todas las comunicaciones vinculadas al expediente.

La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones inmobiliarias atribuidas al jefe de Gabinete.

Por estas horas, el foco está puesto en el rol del testigo Matías Tabar, considerado clave para esclarecer las presuntas irregularidades económicas. Según la denuncia, cualquier intento de interferencia sobre su testimonio podría comprometer el avance del proceso judicial.