El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una fuerte controversia tras revelarse que habría realizado gastos cercanos a los mil millones de pesos en apenas dos años, pese a mantener un salario mensual congelado en torno a los $3.000.000. La situación derivó en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Según los datos difundidos, el funcionario habría desembolsado aproximadamente 800.000 dólares entre 2024 y 2026, lo que equivale a unos 960 millones de pesos a valores actuales. La magnitud de ese nivel de consumo contrasta con sus ingresos formales: con un sueldo anual de $36 millones, necesitaría más de dos décadas de trabajo continuo para reunir ese monto.
El detalle de los gastos incluye la compra de una camioneta, viajes de lujo y operaciones inmobiliarias. Entre ellos se destacan un desembolso de USD 365.000 por la adquisición y refacción de una propiedad en Indio Cua, vacaciones familiares en destinos exclusivos como Aruba y el hotel Llao Llao, vuelos privados a Punta del Este, pasajes en primera clase a Nueva York y viajes internacionales de su entorno familiar.
A estos consumos se suman gastos en tarjetas de crédito que tampoco se condicen con los ingresos declarados: más de $51 millones en 2024, $81 millones en 2025 y $17 millones en los primeros meses de 2026.
La causa judicial que investiga estas irregularidades está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar el origen de los fondos utilizados. En ese marco, el contratista Matías Tabar —considerado un testigo clave— declaró haber recibido un pago de USD 245.000 en efectivo por trabajos de refacción, presuntamente sin facturación.
La investigación avanza en medio de un clima político tenso y con nuevos elementos que podrían comprometer la situación del funcionario. Las pericias contables y los testimonios serán determinantes para esclarecer si existe una incompatibilidad entre los ingresos declarados y el nivel de gastos registrados.
