El Gobierno busca extender la suspensión del fallo de la jueza Preska que ordena la entrega de acciones. La Corte de Apelaciones de Nueva York ahora debe definir, sin plazos establecidos.

La República Argentina presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos jurídicos para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF que se encuentran en manos del Estado, como lo había ordenado la jueza Loretta Preska en 2023. El objetivo es que la suspensión vigente se extienda por todo el proceso de apelación.

El fallo de primera instancia obliga al país a pagar una indemnización de u$s16.100 millones a los fondos Burford Capital, en representación de Petersen/Eton Park y Bainbridge, como compensación por la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Los argumentos centrales del Estado argentino

En su presentación, el Gobierno nacional remarcó:

  • La entrega de acciones viola la inmunidad de ejecución de los bienes de un Estado extranjero, tal como lo reconoció el propio Gobierno de los Estados Unidos.
  • Las acciones de YPF están en territorio argentino, no se usaron con fines comerciales en EE.UU. ni están relacionadas con la actividad que originó la demanda.
  • Obligar al Estado argentino a entregar las acciones implica una violación del principio de cortesía internacional (comity), forzándolo a incumplir su legislación.
  • No hay riesgo de disipación de los activos, ya que la ley argentina prohíbe vender esas acciones sin aprobación del Congreso.
  • El país sufriría un daño irreparable si pierde el control estatal sobre YPF, aun si luego triunfa en la apelación.
  • La ejecución del fallo podría afectar a terceros —incluyendo accionistas, la propia empresa y la ciudadanía— y dañar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, según advirtió el propio Departamento de Estado en un amicus curiae.

En el caso Bainbridge, el Gobierno también sostuvo que no se justifica el pedido de garantías por parte de los demandantes y que tampoco demostraron perjuicio si se mantiene la suspensión.

Riesgo de desacato y consecuencias

Si la Corte de Apelaciones rechaza el pedido argentino, la orden de Preska quedaría reactivada. En ese caso, la Argentina podría enfrentar un proceso por desacato, una figura que, si bien no se aplica directamente a los Estados, puede derivar en sanciones económicas, dañar la credibilidad financiera del país y dificultar su acceso al crédito internacional.

Por eso, el Gobierno enfatizó que continuará su defensa con firmeza jurídica y respeto por la soberanía nacional, en contraste con lo que calificó como «la desidia de quienes nos llevaron a esta situación».