La Fiscalía detectó diferencias entre los ingresos y gastos del ex jefe de Gabinete y su grupo familiar. Deberá justificar operaciones inmobiliarias, dólares en efectivo, préstamos, criptomonedas y movimientos bancarios, entre otros puntos. 

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni avanzó con una nueva medida. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó que el ex jefe de Gabinete explique, en un plazo de 15 días, el origen y la evolución de distintos bienes, fondos y operaciones económicas registrados durante su paso por la administración pública nacional.

El requerimiento fue presentado ante el juez Ariel Lijo y forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, posteriormente ampliada por otros legisladores.

Luego de analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal y registral, además de información financiera, operaciones con activos virtuales y distintos testimonios, la Fiscalía identificó 20 puntos que deberán ser justificados por Adorni. 

La diferencia entre los ingresos y los gastos

Uno de los principales aspectos señalados en el expediente es el desfasaje entre los ingresos comprobados del matrimonio y los gastos realizados durante el período investigado.

Entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó el cargo, se contabilizaron 35 haberes del exfuncionario junto con los ingresos acreditados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.

Según el dictamen fiscal, los ingresos conjuntos alcanzaron los $229.752.283,20, mientras que los gastos familiares ascendieron a $272.820.832,20.

De esta manera, la diferencia detectada alcanza los $43.068.549, monto que hasta el momento no tendría una explicación suficiente a partir de los ingresos lícitos acreditados.

La investigación también reconstruyó desembolsos por US$402.578,12, vinculados con viajes, alquileres, operaciones inmobiliarias, refacciones y adquisición de mobiliario. 

Las operaciones inmobiliarias bajo análisis

Una parte importante del requerimiento está relacionada con propiedades y mejoras realizadas durante el período investigado.

Adorni deberá explicar el origen de los fondos utilizados para adquirir el lote 380 del Country Indio Cuá, incluida la tasa de ingreso al emprendimiento, y aclarar por qué tanto el terreno como la vivienda construida allí aparecen registrados a nombre de su esposa.

También tendrá que justificar US$245.000 que habrían sido destinados a la remodelación integral de esa propiedad, además de presentar recibos y documentación que permitan establecer de dónde salió el dinero.

La Fiscalía puso además la mirada sobre la adquisición de un departamento ubicado en Miró 550, su posterior amoblamiento y las mejoras realizadas en el inmueble.

Dólares, préstamos y criptomonedas

Otro de los puntos centrales está relacionado con los dólares en efectivo declarados por Adorni. La Justicia busca establecer de dónde provinieron esas divisas y qué operaciones fueron realizadas bajo el concepto de «venta de activos».

Para hacerlo, deberá identificar los bienes supuestamente vendidos, las fechas, compradores, montos y documentación bancaria, registral o bursátil que permita reconstruir las operaciones.

También deberá acreditar dos préstamos atribuidos a familiares, incluyendo la efectiva entrega del dinero y el destino posterior de esos fondos.

La operatoria con criptomonedas constituye otro de los capítulos de la investigación. La Fiscalía pidió conocer el origen del capital utilizado inicialmente y los movimientos realizados mediante distintas cuentas de activos virtuales.

Tarjetas, facturas y movimientos bancarios

El requerimiento también alcanza los consumos realizados mediante tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cuentas bancarias.

La Fiscalía pretende establecer cómo se relaciona el volumen de gastos registrado con los ingresos lícitos comprobados del matrimonio.

Además, se detectaron 20 comprobantes correspondientes a 2024 y 2025 por más de $6 millones cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas financieras.

A esto se suman otras 16 facturas por más de $2 millones cuyos importes tampoco coincidirían con los pagos identificados.

También deberán explicarse acreditaciones no salariales recibidas en la cuenta sueldo de Adorni y consumos efectuados mediante tarjetas en las que aparecen personas de su entorno como usuarios adicionales. 

Una compra de un vehículo también quedó bajo la lupa

Entre los puntos incluidos en la intimación aparece el origen del dinero utilizado para adquirir un Jeep.

Además, los investigadores detectaron una facturación de 2026 superior a $4 millones a nombre de Bettina Angelettiproveniente de una concesionaria.

Adorni deberá precisar si corresponde a la adquisición de otro vehículo, a una operación que ya fue incorporada al análisis patrimonial o a un concepto diferente.

Qué pasará ahora

El requerimiento se encuentra encuadrado en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal, referido al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.

La investigación comprende el incremento patrimonial de Adorni y su esposa durante el período en que ocupó cargos dentro de la administración nacional.

Ahora, el exfuncionario dispone de 15 días para responder los 20 puntos planteados y presentar documentación respaldatoria.

Las explicaciones y pruebas que aporte serán analizadas para determinar si permiten justificar las diferencias patrimoniales detectadas o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro de la causa.