La Justicia dispuso suspender el proceso de privatización de AySA luego de hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. La decisión impide avanzar con la venta de la empresa hasta que se realice una evaluación integral sobre el impacto ambiental, sanitario e institucional de la medida.

El fallo fue dictado por el juez Mariano López, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, quien ordenó mantener sin modificaciones las obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, la protección de la salud pública y el cuidado del ambiente.

Entre los argumentos de la resolución, el magistrado señaló que el nuevo esquema propuesto no garantiza una mejora en la prestación del servicio y podría derivar en una reducción de las exigencias regulatorias y en la postergación de obras consideradas esenciales para millones de usuarios.

La presentación judicial había sido impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que advirtió sobre la existencia de posibles pasivos ambientales aún no determinados y cuestionó la falta de estudios previos antes de avanzar con la privatización.

Aunque el juez se declaró incompetente para resolver la cuestión de fondo por tratarse de una materia de competencia federal, decidió dictar una medida de no innovar ante el riesgo de que se produzcan daños irreparables sobre los recursos hídricos y las condiciones de salubridad pública.

La causa será remitida a la Cámara Federal de La Plata, que deberá definir la continuidad del proceso judicial y el futuro del plan de privatización impulsado por el Gobierno nacional.