La investigación judicial que enfrenta el exsenador Edgardo Kueider en Paraguay sumó un nuevo capítulo. Un juez de ese país lo imputó por el presunto delito de lavado de dinero y ordenó el embargo de seis departamentos que estarían vinculados a una maniobra para introducir fondos de origen ilícito al sistema financiero paraguayo.
La medida también alcanza a su pareja y secretaria, Iara Guinsel, además de otros dos ciudadanos paraguayos que aparecen relacionados con la operación bajo investigación.
La causa avanza tras la detención de 2024
Kueider permanece bajo investigación desde diciembre de 2024, cuando fue detenido al intentar ingresar a Paraguay por Ciudad del Este con más de 200.000 dólares, 400.000 pesos argentinos y 3 millones de guaraníes sin declarar.
El exlegislador había llegado al Senado por el Frente de Todos, aunque posteriormente acompañó al oficialismo de Javier Milei y tuvo un rol relevante en la aprobación de la Ley Bases.
Los inmuebles bajo la lupa
El juez de Garantías Rodrigo Estigarribia dispuso el embargo de seis departamentos y sus respectivas cocheras al considerar que existen indicios de que fueron adquiridos con dinero de origen ilícito.
Según la investigación encabezada por las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, los imputados habrían utilizado recursos presuntamente ilegales para comprar los inmuebles e incorporarlos al circuito económico formal.
Una empresa como presunta estructura de fachada
De acuerdo con la resolución judicial, la sociedad Golsur S.A. habría sido utilizada como una empresa pantalla para administrar y ocultar la verdadera titularidad de los fondos investigados.
El magistrado sostuvo que la firma habría funcionado como un vehículo para introducir dinero al sistema financiero paraguayo y dificultar el rastreo del patrimonio atribuido a Kueider y Guinsel.
La causa también involucra a Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, quienes aparecen como responsables de la empresa pocos meses antes de la detención del exsenador.
La investigación continúa
La Justicia paraguaya busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir los inmuebles y reconstruir el circuito financiero presuntamente empleado para ocultar el patrimonio.
Mientras avanza el expediente, los bienes permanecerán embargados como medida cautelar y las autoridades continuarán reuniendo pruebas para definir la responsabilidad de los imputados en la presunta maniobra de lavado de dinero.
