La exsenadora Lucila Crexell fue oficialmente designada como embajadora argentina en Canadá, en una decisión que reavivó la polémica por su cambio de postura durante el tratamiento de la Ley Bases en 2024.

El nombramiento quedó formalizado a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, luego de haber sido aprobado por el Senado semanas atrás.

El antecedente que vuelve a generar controversia

Crexell tuvo un rol decisivo en la aprobación de la Ley Bases en abril de 2024, cuando modificó su voto a último momento y terminó respaldando la iniciativa del oficialismo. Esa decisión fue clave para destrabar la votación en un contexto de fuerte paridad.

En aquel momento, la entonces legisladora había reconocido públicamente que el Gobierno le había ofrecido un cargo diplomático, lo que generó un fuerte escándalo político. Aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de un destino en la Unesco, la designación se concretó finalmente dos años después con su traslado a Canadá.

Críticas y acusaciones en el Senado

La aprobación del pliego no estuvo exenta de tensión. Desde sectores de la oposición cuestionaron con dureza la designación y la vincularon directamente con aquel episodio en el Congreso.

Algunos legisladores denunciaron que el nombramiento podría interpretarse como una contraprestación política, mientras que otros hablaron abiertamente de un posible caso de “intercambio de favores” ligado al voto que permitió la sanción de la ley.

Pese a las críticas, la propuesta fue respaldada por una amplia mayoría en la Cámara alta, con el apoyo de bloques aliados al oficialismo.

El respaldo del oficialismo

Desde el Gobierno defendieron la designación y remarcaron que se trata de una decisión dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, en el marco de la política exterior.

Además, evitaron vincular el nombramiento con el voto de Crexell en la Ley Bases y destacaron su experiencia legislativa como argumento para su nuevo rol diplomático.

Un caso que sigue generando debate

La llegada de Crexell a la embajada en Canadá reabre una discusión que ya había marcado el debate político en 2024: los límites entre la negociación política y los nombramientos en cargos públicos.

Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una designación legítima, desde la oposición insisten en que el caso deja dudas sobre la transparencia del proceso