A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo modificó el marco regulatorio de AySA para permitir la entrada de capital privado, habilitar cortes por falta de pago y avanzar con la venta de acciones.
El Gobierno nacional dio un paso decisivo hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa encargada de proveer servicios de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este martes, a través del Decreto 493/2025 publicado en el Boletín Oficial, se introdujeron modificaciones profundas en el marco legal de la compañía que permitirán la transferencia total o parcial de las acciones estatales.
La medida otorga al Ministerio de Economía la facultad para llevar adelante la venta de las acciones siguiendo lo dispuesto por la Ley de Reforma del Estado. Además, se reformaron más de 100 artículos del marco normativo vigente desde 2006, con el objetivo de adecuarlo a un modelo de gestión con participación privada.
El nuevo esquema regulatorio habilita también a interrumpir el servicio de agua por falta de pago, algo que hasta el momento no estaba permitido. Esta potestad quedará sujeta a los términos que se establezcan en el nuevo Contrato de Concesión.
Según el texto oficial, la estructura actual de AySA resulta “insuficiente para responder a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”. El decreto destaca que entre 2006 y 2023 el Estado transfirió más de 13.400 millones de dólares para sostener la empresa, sin lograr mejoras sustanciales en productividad ni eficiencia.
En paralelo, se dispone la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica, elaborado por la Agencia de Planificación (APLA), que tendrá carácter técnico y orientará las futuras obras de infraestructura. Este plan deberá revisarse cada cinco años y se implementará en conjunto con el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que conservará funciones de control.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de los ministros Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
La normativa ya se encuentra vigente y deberá ser tratada por la Comisión Bicameral del Congreso, que tiene diez días hábiles para expedirse sobre su validez, tal como lo establece la Ley 26.122.
