El Senado de la Nación Argentina debate desde las 11 la reforma de la Ley de Glaciares, en un escenario de fuerte tensión política y con un poroteo que, según fuentes oficiales, estaría encaminado para que el oficialismo consiga la media sanción.

La iniciativa modifica el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglacial. En la práctica, propone diferenciar las “áreas periglaciares” de las “geoformas periglaciales” y establecer que su inclusión en el Inventario Nacional de Glaciares (ING) quede sujeta a estudios realizados por la autoridad ambiental de cada jurisdicción.

El poroteo: gobernadores clave y respaldo de provincias mineras

En Casa Rosada aseguran que el proyecto contaría con el respaldo necesario gracias al acompañamiento de gobernadores de provincias cordilleranas y de senadores peronistas de distritos con fuerte perfil minero.

El oficialismo apuesta a reunir al menos 37 votos, el número mínimo para aprobar la iniciativa en la Cámara alta. El apoyo de representantes de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta resulta determinante en el conteo.

Desde el Gobierno sostienen que la ley vigente, sancionada en 2010, generó una “parálisis regulatoria” en sectores estratégicos como el litio y el cobre, y que la reforma aportaría mayor seguridad jurídica para atraer inversiones. En ese sentido, estiman que podrían destrabarse proyectos por más de 30.000 millones de dólares.

Qué cambia con la reforma

El punto central de la modificación es que la protección ambiental ya no abarcaría automáticamente todo el cuerpo de hielo o ambiente periglacial, sino únicamente aquellas áreas que sean consideradas “reserva estratégica de agua” tras estudios específicos.

Esto implicaría que actividades hoy prohibidas —como la exploración y explotación minera o hidrocarburífera en zonas de montaña— puedan autorizarse bajo evaluaciones de impacto ambiental determinadas por las provincias.

La Nación, en ese esquema, dejaría de tener un rol central en la definición de las áreas protegidas y la responsabilidad recaería principalmente en las autoridades provinciales.

Las críticas de la oposición

Desde la oposición advierten que la reforma podría debilitar la protección de recursos hídricos estratégicos.

El senador Daniel Bensusán, de La Pampa, cuestionó que la iniciativa “perjudica muchísimo el agua, un bien fundamental”, y alertó sobre el impacto que podría tener la actividad minera en provincias donde nacen ríos que luego atraviesan otros distritos.

Los detractores del proyecto también ponen el foco en la terminología utilizada en la norma —especialmente en torno al concepto de “reserva estratégica”— y en la capacidad real de fiscalización de las autoridades locales frente a grandes emprendimientos extractivos.

Un debate con impacto nacional

La discusión trasciende a las provincias cordilleranas. Los críticos sostienen que cualquier alteración en zonas de glaciares puede tener efectos en cuencas hídricas que abastecen a distintas regiones del país.

Mientras tanto, el oficialismo mantiene la confianza en el poroteo y busca avanzar con la media sanción este jueves. El resultado de la votación marcará el rumbo de uno de los debates ambientales más relevantes del año.